La denuncia sobre las obras del Hospital de Burgos vuelve a Valladolid

El pasado 12 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía Superior de Castilla y León la denuncia formulada por los representantes de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista en la comisión de investigación conjuntamente con la plataforma Sanidad Pública SI, Asociación Libre Arquitectura y Ecologistas en Acción de Burgos, por presuntos delitos deprevaricación y malversación de caudales públicos en relación al proyecto, construcción y gestión del Hospital de Burgos (HUBU).

En el escrito presentado se denuncian una serie de irregularidades presuntamente cometidas por los responsables de determinados órganos de la Junta de Castilla y León y la empresa adjudicataria de las obras y la sociedad mercantil Nuevo Hospital de Burgos, SA en relación con la concesión, ejecución, construcción, financiación y explotación del HUBU. Los denunciantes ponen de manifiesto, según se recoge en el escrito de la Fiscalía Superior al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, que la ejecución del contrato de construcción y explotación del HUBU, firmado en Valladolid el 28 de abril de 2006, «se ha desarrollado con repetidos incumplimientos de la empresa concesionaria, sin que la Administración no solo no haya cumplido con su obligación de vigilancia, no utilizando los instrumentos a su alcance sancionando o al menos reclamando el cumplimiento de lo pactado en el contrato, sino que habría dado cobertura legal a dichos incumplimientos mediante el dictado de resoluciones injustas con el consiguiente perjuicio para el erario público.

En la denuncia se recogen varias resoluciones del entonces director gerente de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, con sede en Valladolid, que lo habrían permitido, como la primera, de 20 de febrero de 2006 con la concesión a favor de una oferta que, según los informes técnicos y económicos de los comités evaluadores, era la tercera. Otras resoluciones aprueban modificaciones al proyecto inicial que incrementan el presupuesto y el plazo inicial de la obra.

Pese al incumplimiento reiterado de los plazos de inversión comprometidos, la Junta asumió la responsabilidad del retraso y pagó los gastos de estructura de la concesionaria y adelantando el importe del beneficio que esa debería haber tenido dentro de 25 y 26 años, abonando todo ello a plazos y con costes financieros a favor de la empresa.

Según manifiestan los denunciantes, cada uno de los retrasos producidos en la ejecución de la obra, en total 24 meses, han tenido perniciosos efectos económicos para las arcas públicas, toda vez que del coste inicial del contrato de concesión en su conjunto de aproximadamente 1.100 millones de euros se ha pasado a 1.650 millones euros, sin que aparezca suficientemente justificado este incremento.

El artículo 21.2 del Estatuto del Ministerio Fiscal dispone que a las fiscalías de las comunidades autónomas les corresponde investigar las denuncias por los presuntos hechos delictivos cuyo conocimiento corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, es decir los cometidos por las personas aforadas ante dicho Tribunal.Por ello, son competentes para incoar y tramitar diligencias de investigación por esos hechos. La investigación del resto de los presuntos hechos delictivos acaecidos en el territorio de la comunidad corresponde a las respectivas fiscalías provinciales. Por ello, «procede la conclusión y archivo de las presentes diligencias y la remisión de la denuncia y documentación aportada, a la Fiscalía Provincial de Valladolid».