Las demandas de cláusulas suelo se acumulan en Valladolid y rondan ya las cuatro mil sin resolver

«El personal está trabajando a destajo en sendos juzgados, tanto en el de Primera Instancia 4 como en el 4 bis, que fue creado al afecto en junio del año pasado, pero se hace imprescindible el nombramiento de un tercer juez de apoyo para que puedan desatascar los asuntos pendientes», reconoce el juez decano, Ignacio Segoviano, quien recuerda que el juzgado creado exclusivamente para resolver las demandas de cláusulas suelo «estará operativo hasta que acabe con todas las demandas que recibió el año pasado».

El Juzgado de Primera Instancia 4 bis, integrado por personal de refuerzo por horas de otros juzgados (un juez, cinco funcionarios y un letrado de la administración de justicia), fue creado en junio de 2017 y recibió 3.249 demandas de este tipo hasta el 31 de diciembre, cuando dejó de recibir más demandas. «Comenzaron a resolver asuntos en octubre y han logrado dar salida ya a ochocientos», explica el decano antes de aclarar que a partir del 1 de enero es otra vez el Juzgado de Primera Instancia número 4 el que recibe en exclusiva estas demandas.

El problema es que el juzgado titular tiene otros asuntos en cola (diferentes a las reclamaciones hipotecarias) y está recibiendo en torno a 350 demandas mensuales. Nada que ver con las 500 de media de 2017 que tramitó el juzgado de refuerzo. Así que a día de hoy, y con una capacidad aproximada de dictar un centenar de resoluciones al mes, sendos juzgados rondan las cuatro mil demandas en lista de espera, con más de un millar recibidas, pero sin incoar (iniciado el expediente).

«Las tramitaciones son complejas y no acaban solo con el fallo, ya que en la mayoría de los casos se producen diferentes incidentes en la ejecución de las resoluciones», reconoce el portavoz de los jueces, titular también de un juzgado de Primera Instancia, el número 15, todos ellos situados en las dependencias judiciales de la calle Nicolás Salmerón.

Las reclamaciones para anular las cláusulas suelo de un sinfín de entidades bancarias comenzaron a acumularse en los juzgados a partir de 2013, a raíz de una resolución del Tribunal Supremo, y tuvieron su punto álgido entre 2016 y 2017.