PP y Cs dejan la polémica con sindicatos y patronal en manos de la consejera Amigo

Argumentó el PP, por boca de Raúl de la Hoz, que las comparecencias de los presidentes son una circunstancia que se ha dado solo siete veces en veinte años. «Siempre a petición propia, siempre en un Pleno ordinario y vinculado a asuntos trascendentales y de carácter transversal. La última en abril, para dar cuenta de la gestión de la covid-19. Las otras seis fueron de Juan Vicente Herrera, para dar cuenta de las conclusiones de las reuniones de la conferencia de presidentes, del comité de las regiones, y una extraordinaria sobre gestión crisis económica», relató. Asuntos «más importantes», explicaba, que la brecha abierta en el Diálogo Social.

Y a continuación tiró del argumentario que inauguró el vicepresidente Francisco Igea (Cs) en el último Consejo de Gobierno, cuando enumeró las comunidades que aportan complementos a las ayudas de los ERTE para escenificar que Castilla y León es un ejemplo a seguir. Para De la Hoz (PP), el argumento se completa por oposición a la actuación del PSOE en los lugares en los que gobierna. «Los gobiernos de Aragón, Canarias o Castilla La Mancha, cuando se les ha reclamado esto, han señalado que esos complementos los deben de pagar las empresas. Es lo que dice el PSOE donde gobierna, y aquí nos dice que seis millones son pocos».

De la Hoz cambiaba así el foco mientras el PSOE le recordaba que el fondo primigenio de la cuestión no es si es poco dinero o mucho, sino que las condiciones que se pactaron en el Diálogo Social para convocar estas ayudas complementarias se vieron modificadas después en el Bocyl, que es donde las medidas toman cuerpo legal más allá de las declaraciones. «Va a dejar sin ayudas a más de 70.000 personas en Castilla y León por esa modificación en las bases reguladoras de los ERTE. Esto supone una grieta en el Diálogo Social, han dicho patronal y sindicatos», le recordó la socialista Patricia Gómez Urbán. «Han cambiado las bases y las ayudas para los afectados por ERTE no llegarán a todos».

Ese cambio denunciado por las organizaciones sindicales y empresariales subyace en esta polémica a la que PP y Cs quitan hierro porque, dicen, «no es una ruptura», sino que «hay debate», como lo calificó el portavoz de Ciudadanos, David Castaño. Que fue, de los grupos que ostentan el gobierno regional, quien puso la dosis de árnica. «Es verdad que habría que trabajar dentro de lo posible por aumentar esa dotación de seis millones [para las ayudas complementarias a los ERTE], porque eso aseguraría que llegáramos a más personas. Por tanto, el camino es buscar más financiación y menos enfrentamiento», dijo.

Es la manera, de momento, de salvar el bache que pueden haber provocado las declaraciones de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, sobre la necesidad de «repensar» el Diálogo Social. «Es sorprendente que en un momento como el que estamos atravesando, en el que el diálogo, el consenso, son más importantes que nuca, la Junta y la consejera de Empleo lo pongan en cuestión y digan que es necesario repensarlo», lanzó el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos). «Me resulta alarmante, quizá lo que hay que repensar son los integrantes de la Consejería de Empleo. Mal vamos si uno de los acuerdos de la comunidad, el Diálogo Social, es puesto en cuestión por el Gobierno autonómico», insistió.

Y vuelta Ciudadanos a la llamada a la paz. «Conviene recordar que los sindicatos no han pedido la comparecencia del presidente de la comunidad en el Pleno», recordó Castaño. «Pero vamos a ordenar el asunto. Hay un debate abierto, muy respetable, sobre las bases de unas determinadas ayudas. El montante es el mismo, 6 millones, pero es cierto que la Consejería prima lo urgente sobre lo importante. Nos consta que hay avances y que la Consejería se está sentando con el Diálogo Social para acercar posicionamientos».

Lo que no quiso Castaño fue fijar esa «cuantía» a mayores que debería tener la partida de ayudas a los ERTE. Raúl de la Hoz (PP), llegado este punto, recordó los 80 millones de euros destinados a políticas de empleo que el Gobierno, dice, «usurpó» a Castilla y León. «Quizá nos habrían permitido incrementar la cuantía», insistió. Y de nuevo la pelota a campo socialista. «Estamos en el parlamento de Castilla y León. Escudarse en lo que hacen otras comunidades no tiene sentido, también podían escudarse cuando en otras comunidades toman otras decisiones y aquí no», devolvió Gómez Urbán (PSOE). «Y en cuanto al retraso en el pago de los ERTE -al que también aludió De la Hoz-, el Gobierno se lo paga a las comunidades autónomas y las comunidades son las que tienen que tramitar el pago. Si va con demora en Castilla y León, habrá que pedir explicaciones al señor Mañueco».