El Defensor del Pueblo reclama medidas contra el acoso en el Ejército a raíz de la denuncia de una cabo segoviana

María de las Camelias López ha expuesto a la luz pública «las vejaciones» de las que fue objeto por parte de un mando durante sus destinos, primero en Burgos, y más tarde en la propia Academia de Artillería de Segovia. En 2005, ese superior le hizo «cavar zanjas cuando estaba embarazada». Por «miedo a perder su puesto», no denunció y continuó cumpliendo las órdenes hasta que tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario por encontrarse mal. La mujer perdió el hijo que esperaba, tal y como ha revelado la propia denunciante.

La expulsión del Ejército obedece a la disminución de condiciones físicas y psíquicas; sin embargo, la segoviana alegó al Ministerio de Defensa seis días después de recibir la notificación en la que se informaba de que causaba baja de su puesto en el departamento de Transportes de la Academia de Segovia, que ha sido su último destino profesional.

En esa argumentación, María de las Camelias López alude a que «mi patología se ha desencadenado en las Fuerzas Armadas», por lo que reclama a Defensa que se le reconozca su situación y su pensión.

A partir de estos hechos, el Defensor del Pueblo subraya que, a pesar de los avances «innegables» en materia de igualdad en el Ejército, «casos como éste muestran la necesidad de adoptar medidas complementarias que impidan que la víctima del acoso sufra tal deterioro psicológico tras la denuncia que acabe de baja forzosa».

La institución que preside Fernández Marugán pide «tolerancia cero con el acoso sexual y laboral». Así, el año pasado inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Defensa para conocer la eficacia del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Además, recomendó mejorar la protección de las víctimas de acoso en la tramitación de los expedientes sancionadores.

Cabe recordar que en abril del año pasado se conoció que el Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid investigaba a tres mandos militares por haber coaccionado, presuntamente, a una alumna de la Escala de Suboficiales de la Academia de Artillería de Segovia para que abortara si no quería ver interrumpidos sus estudios militares.

El procedimiento se inició tras la denuncia de una sargento por unas supuestas coacciones que recibió mientras estudiaba en la institución de Segovia. Según declaró la propia denunciante, había interrumpido «voluntariamente» el embarazo, pero «motivada por las coacciones que había sufrido por la Academia de Artillería».

La denuncia iba dirigida contra tres mandos del centro militar, un brigada, un capitán y un comandante. Estos hechos se remontan al curso 2012-2013, cuando la sargento se preparaba para acceder a la Escala de Suboficiales y se quedó embarazada.