El Defensor del Pueblo pide más personal sanitario y cámaras para la cárcel de Topas

Todos estos datos vertebran el informe anual del Defensor del Pueblo del año 2017, que fue entregado por Francisco Fernández Marugán el pasado lunes en Madrid a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero.

Las 230 quejas citadas anteriormente representan solo el 7,54% del todas las englobadas dentro de nuestra Comunidad Autónoma, pero suponen un considerable incremento respecto al año 2016, cuando las quejas de los salmantinos fueron únicamente 123. Es decir, en un año casi se duplicaron, con un incremento porcentual del 86%.

Además, el Defensor del pueblo dirigió a las Administraciones de las diferentes comunidades autónomas 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Respecto al capítulo de las sugerencias y recomendaciones relacionadas con Salamanca, el informe del Defensor del Pueblo saca a la luz, como expedientes más llamativos, las cinco intervenciones que practicó referidas al centro penitenciario de Topas, así como la que acometió con relación a la situación de los calabozos del edificio de los juzgados de la plaza de Colón, donde suelen permanecer retenidos de forma temporal las personas que son detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de pasar a disposición judicial.

Las sugerencias emitidas respecto a la prisión de Topas fueron la consecuencia directa de la visita efectuada el 25 de enero de 2017 por la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tres técnicos de esta institución y un técnico del Procurador del Común de Castilla y León a la prisión salmantina, inspección enmarcada dentro de la estrategia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como primera sugerencia, Becerril pidió que se dieran «indicaciones» para que los funcionarios de la cárcel portaran «su preceptiva identificación» durante su trabajo diario en las dependencias del centro penitenciario salmantino.

Una segunda sugerencia planteaba que «las cinco celdas donde se efectúan las sujeciones mecánicas cuenten con cámaras de videovigilancia que permitan la grabación de imágenes y de audio y que todas cuenten con bandas antideslizantes en el suelo, camas articuladas, timbre de llamada accesible desde la cama y calefacción».

En el ámbito de las recomendaciones, figura una especialmente llamativa. En concreto, el Defensor instó a la Secretaría Generales de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior a «habilitar la correspondiente partida presupuestaria para que en el centro penitenciario se vuelvan a impartir cursos sobre habilidades sociales, comunicación e interacción personal, para abortar posibles episodios incipientes de agresividad, sin tener que adoptar medios coercitivos». En este caso, Instituciones Penitenciarias respondió favorablemente.

Además, hay otro consejo de especial calado, dado que el Defensor del Pueblo ve necesario «aumentar el número de efectivos del cuerpo facultativo de Sanidad en el centro penitenciario, para evitar que la consulta médica a demanda solo se realice una vez por semana».

Finalmente sugiere dotar a la cárcel de grabadoras que permitan «un almacenamiento de imágenes por tiempo superior al actual, que se estima insuficiente en caso de que se iniciase algún tipo de investigación interna o judicial que requiriese la extracción de unas imágenes determinadas».