El Defensor del Paciente pide a la Fiscal Superior que impida la supresión de 175 pruebas clínicas en la Comunidad

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, entiende que de salir adelante esta medida, «que pretende retirar un arma para la buena atención y diagnóstico de los pacientes», se estaría discriminando a los ciudadanos de Castilla y León frente a los de otras comunidades.

La presidenta de El Defensor del Paciente discrepa de la justificación dada por el titular de Sanidad, que se remite a un estudio avalado por sociedades científicas internacionales, «sin decir cuáles», y añade que «éstas dicen que el 20% y 25% de prácticas clínicas no añaden valor, es decir resultados», sin especificar tampoco cuáles.

También se hace eco Carmen Flores de las palabras del consejero en las que éste apunta que de estas 175 pruebas clínicas ya está en marcha la supresión de dos, y así hasta irse ampliando la cartera de otras a suprimir, y que no sólo se hace en Castilla y León, «pero no da referencias de otras comunidades y /o países ya que el estudio dice ser Internacional».

«Para toda esta barbaridad pide a los profesionales de la salud que lo lleven a la práctica y se escuda en que dichos profesionales realizan pruebas por puro protocolo, por defensa ante una reclamación, y ¿no será para estar seguro en los diagnósticos, que es lo apropiado?», se pregunta Flores.

Para la responsable de El Defensor del Paciente, la anunciada supresión «pone en peligro a los pacientes y solo hay una intención, el recorte de gastos en salud», y discrepa también en cuanto a que el 47% de las pruebas que se realizan son por petición del paciente o de su familia.

«¡Falso rotundo, jamás se realizan pruebas a un paciente que no estén prescritas con el acuerdo del profesional, por el contrario, hay numerosas que por ser prescritas por el médico -hormona del crecimiento- y negadas por la administración se traducen en numerosas sentencias que condenan a la Administración regional!», recuerda.

Ante ello, El Defensor del Paciente ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscal Superior de la Comunidad al entender que constituyen un «ilícito penal por poner en peligro a los ciudadanos y dejarles sin los medios que existen para ser diagnosticados y tratados de su dolencia, cualquiera que ésta sea, y además elimina de un plumazo el deber de cuidado y la protección a la salud que está en la ley y Constitución Española y Europea».