La covid eleva la exclusión social severa de Castilla y León en un 54%

Esta última cifra es un 54% más que en 2018 y demuestra hasta qué punto ha golpeado la crisis económica y humana que está dejando la covid 19 en la región. Foessa ha presentado este miércoles su 'Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León' en la que es la primera radiografía colectiva de los efectos que está dejando la lucha contra la pandemia. Este informe, promovido y vinculado a la labor de Cáritas, refleja «un empeoramiento generalizado y una profundización de la brecha social entre los más frágiles a los que no llegan los 'escudos sociales'», resumió en la presentación el presidente de Cáritas de Castilla y León, Antonio J. Martín de Lera.

Aunque Cáritas suele elaborar estos trabajos sociológicos cada cinco años, ha decidido adelantarse al previsto en 2024 para tratar de abarcar el rastro que está dejando el embate pandémico. Y el avance de los riesgos de miseria es demoledor. En 2018 la región (y el resto del país) parecía estar superando una parte de los efectos de la gran crisis económica de 2008, lo que no evitaba que 280.000 personas estuvieran en riesgo y, de ellas, 100.000 todavía sufrían pobreza severa.

Apenas cuatro años después, esa cifra ha aumentado un 54%, de forma que uno de cada seis castellanos y leoneses (18% del total) sufre exclusión social. «En cada crisis hay más hogares en exclusión. Después llega la bonanza pero no salen de la crisis los que cayeron, sino que se acaban incorporando más», explica el obispo encargado de Cáritas en la Conferencia Episcopal Española y titular de la diócesis de Astorga, Jesús Fernández.

A pesar de estos datos, la región evoluciona «ligeramente menos negativa» que la media española, aseguró Thomas Ubrich. La covid supuso en España «un punto de inflexión», que ha añadido 2,5 millones de personas en riesgo hasta octubre de 2021, hasta alcanzar los 11 millones, casi la cuarta parte de la población. En Castilla y León y antes de la crisis sanitaria, el 60% de los hogares se podía considerar integrado y sin grandes riesgos. En 2022, «menos de la mitad de los hogares de la comunidad (49,7%) no ven afectada su participación normal en la sociedad», advierte el responsable de la investigación.

Estas brechas sociales se profundizan aún más cuando se analizan determinados ámbitos. Así, el problema sanitario impulsó la tecnología al servicio del trabajo (teletrabajo) pero lo pagaron ese 42% de hogares en exclusión y sin medio digitales a su alcance. El 'apagón' digital también lastra las posibilidades educativas en estas familias. A ellos se añaden, más brechas como la de género: los riesgos en los hogares monoparentales de mujeres han crecido un 30% en estos tres años (del 17% al 25%). También añade más factores de exclusión la nacionalidad, con más de la mitad de los hogares con un cabeza de familia foráneo en peligro; o los jóvenes, de los que el 25% que no ha cumplido 30 años tiene graves riesgos para tener un futuro propio.

El informe Foessa valora la importancia del 'colchón' social que han supuesto las medidas oficiales como los ERTE para mitigar el impacto en la sociedad, pero concluye que no es suficiente. Por eso «reclamamos ayudas públicas a los retos que tenemos por delante», exigió Thomas Ubrich, antes de explicar un decálogo que incluye, entre otros puntos: mantener las medidas provisionales de protección de la salud, la vivienda o la protección social; mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; reducir la 'hiperflexibilidad' laboral con empleos no cualificados; planes contra la exclusión residencial; superar la brecha educativa por el 'apagón' digital y por último, «avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI».

Caritas es la prueba de la gran demanda de ayuda. En 2020 prestó ayuda en la región a 137.700 personas, 5.000 más que en 2019. «Casi la mitad acudían por primera vez», corroboró Martín de la Lera.

El Informe Foessa fue elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos, con 30 investigadores de 10 universidades que analizaron el trabajo de cientos de encuestadores que acudieron a 7.000 hogares de Castilla y León (90.000 en España).