Las Cortes aprueban modificar el Estatuto para eliminar los aforamientos, pero rechazan blindar el suelo social

«Si se empeñarán en seguir con la tramitación sin el debido acuerdo, podrían bloquear la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Si no la aprueban las Cortes de Castilla y León o las Cortes Generales, no podrá ser sometida de nuevo a votación antes de un año. Y ustedes serán los únicos responsables si se empeñan en esa unilateralidad», avisó la socialista Virginia Barcones a los procuradores de PP y Ciudadanos.

El plazo para tramitar esta reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos será largo. La toma en consideración aprobada este miércoles por 78 votos a favor, ninguno en contra y la abstención del procurador de UPL, será remitida a la Comisión del Estatuto, donde se abrirá un plazo de presentación de enmiendas, que deberán ser calificadas. El previsible debate y votación de una enmienda de totalidad precederá a las ponencias, los debates en comisión y el debate en el Pleno de las Cortes, donde tendrá que ser aprobado por una mayoría de dos tercios antes de ser remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación final.

Todos los procuradores (excepto Luis Mariano Santos, de UPL, que se abstuvo) votaron este miércoles a favor de la toma en consideración de reformar los artículos 22.2 y 29 del Estatuto de Autonomía, que pasarían a tener la siguiente redacción: «Artículo 22.2: Los procuradores, aun después de haber cesado en su mandato, gozarán de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos, salvo en el caso de flagrante delito. Artículo 29: El presidente y los demás miembros de la Junta , durante su mandato y por los actos de licito os cometidos en el territorio de la comunidad, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito». En estos dos artículos propuestos se han eliminado los párrafos que actualmente determinan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el Tribunal Supremo enjuicien los casos de procuradores y miembros del gobierno. Si la iniciativa parlamentaria prospera, pasarían a ser juzgados por tribunales ordinarios.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, lamentó que la iniciativa de PP y Cs, en cuyo fondo coinciden todos los grupos de la cámara, no se haya presentado de manera conjunta y lo achacó a la «cerrazón absoluta» de un PSOE que se «dedica a dar patadas en las espinillas» al gobierno de la Junta. De la Hoz pidió a los procuradores socialistas que apoyen con sus votos esta reforma para eliminar los aforamientos cuando llegue el momento y tendió la mano para que sienten a una mesa de negociación para avanzar en «un debate más amplio y sosegado» sobre otras reformas estatutarias.

Desde Ciudadanos, la portavoz parlamentaria, Carlota Amigo preguntó a los socialistas «si van a poner palos en las ruedas» para suprimir los aforamientos y recalcó el compromiso de su partido con acabar «con el más escandaloso de los privilegios» que tienen los politicos. «Yo no quiero estar aforada y el resto de cargos públicos de Ciudadanos, tampoco. Es un trato de favor injustificado que acrecienta la distancia entre representantes y representados».

En el PSOE, la portavoz Virginia Barcones también manifestó el compromiso de su grupo para acabar con los aforamientos y recordó que esos privilegios «no están justificados», pero subrayó que Castilla y León también necesita una ley de transparencia «acorde con estros principios». Barcones se preguntó por qué se mantiene el «privilegio» de que los miembros del gobierno autonómico solo puedan ser detenidos «en caso de flagrante delito» y no en otros supuestos. «¿Temen una nueva Enredadera? ¿Que el presidente o algún consejero puedan acabar detenidos en esta comunidad autónoma? Nosotros proponemos la supresión absoluta de estos privilegios».

Después de anunciar su voto favorable a la reforma para suprimir los aforamientos, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, desgranó otra propuesta más amplia para acometer una «reforma más ambiciosa del Estatuto». Esto incluía, además de eliminar el artículo actual sobre los aforamientos, garantizar el «acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a la Red de Protección a Personas y Familias» o establecer un mínimo de inversión del 12% del PIB regional para blindar el denominado suelo social (calidad en la sanidad, educación, atención a dependientes, lucha contra la pobreza, acceso a la vivienda, fomento del empleo).

«No puede haber reforma sin consenso», avisó Tudanca, quien se preguntó también «qué razón hay para oponerse» a blindar el suelo social. «Nuestro Estatuto necesita una amplia reforma. No queremos ser más que nadie pero no toleraremos ser menos. ¿Por qué no estamos por una vez a la vanguardia en los derechos? Encontremos el camino común y logremos una reforma de todos y todas para que los castellanos y leoneses puedan sentirse orgullosos».

Esta iniciativa contó con el respaldo de Podemos. La procuradora Laura Domínguez acusó a los populares de querer «ralentizar» y «llevar a un futuro lejano» una reforma del Estatuto más allá de la eliminación de los aforamientos.

Sin embargo, la mayoría parlamentaria de Ciudadanos y PP tumbó la toma en consideración de esta reforma al entender que primero debe abordarse la supresión de los aforamientos sin mezclarla con otros asuntos.

La procuradora Carlota Amigo (Cs) consideró que muchos de los derechos que buscaba blindar el PSOE ya están incluidos en la normativa y que deben llevarse al Estatuto «con una redacción correcta».

Raúl de la Hoz (PP) insistió en que su grupo está dispuesto a abordar otros asuntos, pero que ahora hay que avanzar solo en la eliminación de los aforamientos y citó los ejemplos de comunidades como Cantabria, Islas Baleares o Canarias, donde los socialistas han propiciado acuerdos en ese sentido y solicitó el apoyo del PSOE cuando llegue el momento. «Señor Tudanca, le pido que vote a favor, pero no hoy como ha hecho, sino en la votación definitiva. Si no, estará usted demostrando que los ciudadanos de Castilla y León le importan muy poco».