La convocatoria de las ayudas del Ecyl agranda la brecha en el sector de la formación de parados

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ con sede en Valladolid admitió a trámite en enero pasado un recurso para que se anule la modificación introducida por la Junta en los criterios de las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), dotado con once millones de euros. Los recurrentes sostienen que este cambio, que afecta a la valoración de la experiencia formativa y a la de los recursos humanos de las entidades solicitantes de la subvención no se ajusta a derecho y supone, en la práctica, «una discriminación positiva que favorece a los grandes grupos de empresas regionales y nacionales y va a llevar a la extinción a las pymes uniprovinciales».

En los últimos tres años, apuntaron fuentes del sector, las 150 asociaciones provinciales que aglutinan a las empresas de formación han quedado reducidas a 80, «lo que es síntoma de que la normativa está produciendo un cierre masivo y un par de grupos están absorbiendo a estos centros para quedarse con ellos y monopolizar el sector y, claro, quedándose con la mayor porción de la tarta de las subvenciones». En paralelo, se ha presentado también documentación en la Fiscalía en la que se denuncia que son empresas vinculadas a la cúpula de la patronal del sector, Cecap (Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Empresas de Formación), «las que se están llevando el gato al agua y repartiéndose las subvenciones». La presidenta de Cecap, Nieves García Blanco, declinó ayer pronunciarse sobre el conflicto del sector y la denuncia presentada en la Fiscalía.

Quien sí lo hizo fue el Grupo Aspasia en nombre del director general de Ibecon y expresidente de Cecap, Lorenzo Alonso Nistal. Esta empresa indica que «acude a las convocatorias públicas en igualdad de condiciones con el resto de las ofertas», subraya que los concursos «se dotan de mecanismos objetivos de control y de transparencia» y que «resultaría imposible introducir cambios sobre la actividad, o sobre la experiencia y calidad que posee el centro». En muchos casos, puntualiza «estos baremos son prácticamente automáticos en su aplicación, sin que quepa la posibilidad de una interpretación por parte de los responsables del proceso de adjudicación. 

Desde Ibecon y su grupo de empresas, concluye, «se han cumplido siempre los estándares y exigencias delas normas del Ecyl y de otras organizaciones autonómicas en las siete comunidades autónomas donde operamos. Normativas y demandas que la empresa entiende que no se encuentran viciadas, ya que han sido sometidas al control público».

Pero lo cierto es que las nuevas convocatorias de las subvenciones para los programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI), de Formación Ocupacional para trabajadores desempleados (FOD) y de Formación Continua para Trabajadores Ocupados en Activo (FC), han agrandado la brecha que existe en el sector entre los pequeños centros provinciales y las grandes empresas que captan estas subvenciones y renuncian luego a parte de los cursos, «lo que significa que ese dinero no se reasigna a otros centros y los que pierden, al final, son los destinatarios, los desempleados», señalan los disconformes. Los centros domiciliados en Ávila, Palencia, Soria, Segovia y Zamora se quedarían fuera del proceso, pues no llegarían nunca a las 56.000 horas lectivas que contempla la modificación de las bases. Y temen el cierre, porque este sector depende, casi en su totalidad, de concurrir a los concursos publicitados por el Ecyl para obtener carga de trabajo para sus empresas.

Por su parte, la Junta insiste en que «la normativa estatal impone estos requisitos y los criterios de concesión se refieren a las entidades de formación y no a los centros de formación individualmente considerados». Una consecuencia de ello, indica, «que no es ni deseada ni buscada por la Administración autonómica, es que las entidades de formación se benefician por su tamaño y experiencia global, lo que perjudica a las entidades más pequeñas». Reconoce que ha crecido el número de renuncias por parte de los beneficiarios de las subvenciones, pero lo explica en que «se debe a falta de alumnos interesados en los cursos y no a falta de capacidad de los centros de formación».

Centros. En el Registro de Ventros y Entidades de Formación para el Empleo de Castilla y León estaban inscritos, a fecha de 1 de marzo de 2019, 1.216 centros de formación, de los que son titulares 695 entidades de formación.

Solicitudes. Durante 2018, las ayudas de formación para el empleo fueron solicitadas por 227 entidades de formación y resultaron beneficiarias 144.

Cuantía. En las convocatorias para 2017 y 2018 (en ejecución), se han concedido subvenciones por importe de 50,4 millones de euros y se ha renunciado al 6,87% de los cursos subvencionados.