Una conversación Abascal-Mañueco desatasca 26 días de negociaciones

«Si el PP pone de su parte, no cabe duda de que Vox pondrá de la suya», dijo Iván Espinosa de los Monteros (Vox) por la mañana, horas antes de que una conversación telefónica entre Santiago Abascal y Alfonso Fernández Mañueco acabara por desatascar 26 días de negociaciones tras la constitución de las Cortes. El Pleno de investidura se celebrará el lunes, 11 de abril. Para cuando los políticos regresen de las vacaciones de Semana Santa ya deberían estar nombrados los consejeros y desarrolladas las competencias de cada Consejería.

A Juan García Gallardo, que será el vicepresidente, le han adornado la tarjeta de visita con menos oropel que a Francisco Igea. De vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a vicepresidente sin apellidos. A cambio le han atribuido una lista ingente de comisiones y funcionalidades que no incluyen dos de las peticiones de Vox: la Comisión de secretarios generales y la dirección de comunicación. Participará en la primera y en la comisión de publicidad institucional, que ya se instauró en la anterior legislatura con Ciudadanos.

Los de Alfonso Fernández Mañueco muestran así su satisfacción por haber conseguido hacer valer su estatus de partido mayoritario. Que el socio de 13 escaños presida las Cortes es una cesión relevante y dolorosa pero no inédita, puesto que ya se hizo con Ciudadanos. Que ese socio minoritario pretenda obtener la llave del Gobierno y repartir a su antojo la tarta de la publicidad institucional ya era demasiado ceder. El de 31 escaños manda. Y eso, consideran en el PP, se ha conseguido. «El reparto es fiel a lo firmado el día 10 de marzo. Se ha desarrollado ese acuerdo. De diez consejerías, siete para el PP y 3 para Vox, y el PP tiene la portavocía, las delegaciones territoriales y la Dirección de Comunicación», explican. Es decir. Tiene el mensaje, el qué se dice y cómo. Y unas delegaciones territoriales que lo pueden difundir.

De resultas del pacto para programar la investidura, Luis Tudanca (PSOE) enviaba una pregunta que, con uno u otro matiz en función de la ideología, se reproducía en el entorno político: «Nos falta resolver la incógnita: ¿qué precio han pagado?». Y en el documento firmado por ambas formaciones podía adivinarse el peso que ha podido tener la parte programática. «Se iniciará antes del 31 de julio la tramitación para elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar. Y se iniciará antes del 30 de junio la tramitación de una normativa en materia de concordia».

Aun aquí en el entorno de Mañueco trata de lanzarse un mensaje de tranquilidad. «No se va a derogar la ley de violencia de género», insisten. Y se remiten al acuerdo firmado el pasado 10 de marzo, en el último momento, justo antes de la constitución de las Cortes de Castilla y León. En él se dice al respecto de esta nueva ley que se trata de «promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas. Actualizaremos la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad».

La ley de violencia de género, sin embargo, se creó para tratar de mitigar una violencia particular con medidas excepcionales. En la exposición de motivos de la ley se lee: «Partiendo del elemento esencial que caracteriza la violencia de género y que no es otro que el ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la más clara expresión de desigualdad basada en estereotipos sociales asociados al género. La presente ley, en consonancia con las normas internacionales, comunitarias, estatales y con otras normas autonómicas, avanza en la protección a todas las víctimas de la violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer». El resto de las víctimas de cualquier otro tipo de violencia se entienden así protegidas por el resto del corpus legislativo.

En cuanto a la ley de concordia, el pacto PP-Vox abogaba por «reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles». Una declaración generalista que puede chocar con el Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León, que dice: «La Junta de Castilla y León [...] reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista».

En Castilla y León, desde ahora, para interpretar los movimientos de Vox hay que acudir al núcleo. A Santiago Abascal. «No nos temblará el pulso si no se cumplen los acuerdos», advirtió recientemente.

El 11 de abril, Alfonso Fernández Mañueco (PP) saldrá del hemiciclo de las Cortes como presidente de la Junta de Castilla y León. A su lado, desde ese momento, se sentará en la bancada azul el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox). El organigrama y competencias de las consejerías se cerrará entre el martes y el miércoles. Y el lunes 18, al regreso de la Semana Santa, comenzará de veras la undécima legislatura de la comunidad.