El Constitucional decidirá sobre la legalidad de la Ley de Caza de Castilla y León

El pasado enero concluía la temporada de caza menor y todavía no está listo el anteproyecto de la denominada Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Según las previsiones de la Junta, debería estar en las Cortes, como muy tarde, en el mes de marzo para su posterior tramitación y entrada en vigor la próxima temporada.

La última campaña ha estado legislada por primera y última vez por la modificación de la Ley de Caza que aprobaron las Cortes en marzo de 2019 y que permitió el desarrollo de la actividad cinegética en la comunidad.

En febrero de 2019 saltó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que anulaba de manera cautelar el Reglamento de Caza de Castilla y León. Varios días después se hizo público que esta misma Sala había anulada la Orden de Caza de 2018.

Para salvar este escollo legal y que se pudiera seguir cazando, la Junta impulsó la modificación de esta ley de 1996, que tuvo el visto bueno de las Cortes pero que, según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Valladolid, es saltarse la ejecución de la sentencia.

El pasado mes de diciembre la Administración autonómica puso a disposición del público el documento con el que trabaja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para dar forma a esa Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León y hasta el pasado 17 de enero permaneció abierto el plazo para presentar alegaciones. En el listado de las personas o entidades que han hecho sus aportaciones están desde las organizaciones profesionales agrarias hasta asociaciones ecologistas pasando por la Federación de Montaña.

El siguiente paso es someter el proyecto a informe del Consejo Regional de Medio Ambiente, después se somete al informe del CES, de la dirección de los Servicios Jurídicos, al Consejo Consultivo y, por último, a la Comisión de Secretarios y al Consejo de Gobierno que es quien aprueba el texto definitivo del Proyecto de Ley para enviarlo a las Cortes.

Nueve asociaciones ecologistas de Castilla y León que han presentado alegaciones a este proyecto de ley manifiestan su oposición porque «el objetivo es blindar la caza de la tutela judicial a la que tenemos derechos los ciudadanos y aumentar los privilegios del sector cinegético y, especialmente, del sector vinculado a la caza intensiva». En su opinión, ese anteproyecto «no permite la compatibilidad de la caza con la conservación de la naturaleza, el bienestar animal y dificulta el disfrute del medio ambiente por la sociedad», concluyendo que «declara especies como cinegéticas y épocas de caza sin adecuada justificación».