El Consejo del Diálogo Social pacta nueve acuerdos que movilizarán 231 millones en tres años

Además del Plan de Empleo para 2018, dotado con 152 millones de euros, el 5,34 % más que en 2017, gobierno y agentes sociales han firmado el plan para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante con vigencia entre 2018 y 2021. También se han rubricado sendos acuerdos en materia de mejora en las políticas de dependencia y de conciliación de la vida familiar y laboral y cuatro más destinados a mejorar al acceso de la vivienda, el empleo forestal y en materia de cambio climático. Por último, se ha rubricado un acuerdo para el desarrollo de una nueva regulación para la mejora de la formación para el empleo en la comunidad autónoma.

El acuerdo relativo al empleo apuesta por el Plan de Empleo Local, que en su tercera edición contará con 55,2 millones. Se centrará en el sector turístico (13,55 millones), forestal (3,3 millones), minero (3,69 millones ) y agrario (0,4 millones); apuesta por un empleo de calidad, con contratos a jornada completa y por al menos seis meses, en puestos no estructurales, y con las mismas retribuciones que el personal de plantilla de las entidades locales.

Incorpora convocatorias específicas para personas con discapacidad, perceptores de renta garantizada de ciudadanía, jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil y, como novedad, para mayores de 55 años. También se refuerzan las ayudas para desempleados de los municipios mineros. El Plan de Empleo Joven contará con 43,2 millones y apoyos adicionales para cubrir la franja hasta los 35 años. Asimismo, se mantiene el Plan frente a Crisis Empresariales, con una dotación de 5,9 millones.

El acuerdo para la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta, por su parte, busca "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las que la Junta contrata servicios" y en virtud del mismo, los órganos de contratación de la Junta no admitirán ofertas que no permitan cumplir con los derechos salariales de los trabajadores y reforzarán el carácter social de los contratos públicos, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad, así como la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la protección de la salud en el lugar del trabajo.

Un tercer acuerdo se concreta en el compromiso de elaborar el proyecto que reglamente la formación para el empleo en Castilla y León que abordará todos sus aspectos: contratos formativos, programas en alternancia de formación y empleo, orientación profesional, acreditación de competencias adquiridas, y participación en el sistema por parte de las organizaciones sindicales y empresariales.

En cuanto al acuerdo relativo a la dependencia, que cuenta con medidas por valor de 31 millones de euros, incide en potenciar servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia a través de cuatro medidas prioritarias. Destaca la reducción del copago en la ayuda a domicilio, con la propuesta de que el servicio sea gratuito a partir de este año para las personas con renta inferior a 570 euros al mes y, en el horizonte del año 2020, la aplicación progresiva de la gratuidad para las personas que viven solas y tienen una renta inferior a 700 euros al mes, y la reducción del precio en un 20% de media para las personas que viven solas y que tienen rentas medias o bajas, aspectos todos ellos que se negociarán con las corporaciones locales.

En otro orden de cosas, esta es la primera vez que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se aborda por el Diálogo Social de manera integral, a través de un acuerdo que supondrá 5,8 millones de euros en sus tres años de vigencia. El objetivo es mejorar las ayudas para excedencias y reducciones de jornada, y para la sustitución de personas que ejerzan dichos derechos. Además, se creará una nueva línea de subvenciones para favorecer la flexibilización y racionalización horaria en las empresas.

Este acuerdo se completa con el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Medidas para el Fomento de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluido en el Programa de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que será la primera Ley de carácter integral en la materia que se aprobará en España.

En cuanto al acuerdo para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante 2018-2021, contempla el fomento del aprendizaje del castellano, junto al mantenimiento de un servicio de traducción telefónica en 51 idiomas en los órganos de atención directa al ciudadano y en el 012; las actuaciones de compensación educativa para la población inmigrante; y las medidas específicas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la población inmigrante.

El acuerdo sobre vivienda pretende dar continuidad y estabilidad hasta 2021 a las ayudas al alquiler de vivienda habitual, manteniendo las mejoras introducidas en 2016 (dirigirse a personas y familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM -unos 18.800 euros al año-, sin umbral mínimo de ingresos y por importe de hasta el 40% del alquiler mensual pagado). Además, se elevarán las cuantías máximas de las rentas que pueden ser subvencionadas, según los datos de evolución de los precios de las rentas de alquiler.

Se mantienen las líneas de apoyo a la regeneración urbana y a la rehabilitación edificatoria, extendiendo esta última al medio rural y se impulsará el parque público de viviendas de alquiler social, con el objetivo de superar las 2.600 durante la vigencia del Acuerdo.

El sector forestal pasa a tener consideración de sector estratégico para el desarrollo y generación de actividad y empleo en el medio rural y para la recuperación demográfica. En el Acuerdo, la Junta se compromete a convocar ayudas para aserraderos e industrias forestales; a ampliar las dirigidas a plantaciones forestales productivas; y a mejorar la profesionalidad y eficiencia en el trabajo forestal, sobre el que se adoptarán medidas de control, prevención y formación.

Por último, el Diálogo Social se ocupa también de cambio climático con el objetivo de lograr una "transición justa". Se trata de un acuerdo que entronca con las posiciones que en materia energética defiende la Junta e incluye previsiones contra el cambio climático, pero también medidas y programas para las comarcas mineras.