El Consejo de Cuentas constata el abuso de las subvenciones 'a dedo' en Castilla y León

Es una de las conclusiones que recoge el informe del organismo encargado del vigilar el correcto empleo del dinero público y la limpieza de las contrataciones de la Administración en Castilla y León. El trabajo de fiscalización (171 páginas) fue registrado ayer en las Cortes.

En opinión de los responsables del Consejo de Cuentas, además, ese uso excesivo de la concesión de subvenciones directas «no siempre va acompañado de la debida motivación que justifique la imposibilidad de promover (el reparto de esos apoyos) por concurrencia competitiva». Este último es el sistema que la normativa considera ordinario, el que debe emplearse con carácter general. Hay una partida económica para repartir y ese reparto se efectúa, entre las solicitudes que cumplen todos los requisitos, en función de unos criterios de preferencia que se dan a conocer con antelación. Hay competencia.

Los datos facilitados por la Junta arrojan un gasto en 2015 de 89,10 millones de euros, montante que ha tenido como principales destinatarios (por la cuantía) a la patronal autonómica Cecale y a los sindicatos CC OO y UGT. Recibieron en 2015 subvenciones que suman 27,32 millones de euros. El informe refleja que entre las ayudas para acciones similares que ingresaron estas organizaciones, por ejemplo la orientación laboral, «conviven subvenciones directas y en concurrencia competitiva, lo que evidencia la indebida utilización del procedimiento excepcional».

Los defectos más comunes que arroja el minucioso cotejo de estas líneas de subvención es la «insuficiente motivación del procedimiento de concesión directa y la deficiente definición de la actividad que se subvenciona», seguido de la aplicación de «criterios de selección discriminatorios». El informe detecta la confusión en el uso de la financiación mediante subvención cuando debería emplearse un contrato administrativo «por la existencia de contraprestación».

Una de las recomendaciones del informe plantea a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, a la Gerencia de Servicios Sociales y al Ecyl que en subvenciones asignadas de forma directa a los agentes sociales cambien al sistema de concurrencia competitiva, «dando entrada al resto de posibles beneficiarios que puedan estar interesados en el acceso a los diferentes objetos de subvención financiados», algo que ahora no sucede al usar el sistema de otorgación directa.

Junto a los sindicatos y empresarios, entre los beneficiarios de estas subvenciones destacan las federaciones y clubes deportivos, organizaciones como Cruz Roja, el Secretariado Gitano, Predif, o agrupaciones del ámbito del autismo, el síndrome de down, alzheímer, parkinson o la violencia de género; asociaciones de agricultores y ganaderos, las casas de Castilla y León en el exterior, las Ampas o las propias universidades para impulsar la Red de Transferencia de Conocimiento.

El Consejo de Cuentas recomienda a los responsables de la Junta que limiten el uso de las subvenciones directas y que «definan con claridad y concreción el objeto» de estos apoyos. Esto último es clave para facilitar la justificación posterior del empleo de los fondos y hacer un seguimiento de los objetivos previstos.