El Consejo de Cuentas audita 70 contratos de la Junta y encuentra defectos en 63

El informe anual del Consejo de Cuentas que evalúa la limpieza en la tramitación de los contratos que formalizan las consejerías y organismos que dependen de la Junta de Castilla y León constata deficiencias e irregularidades en 63 de los 70 expedientes fiscalizados. Solo siete, y todos ellos en la horquilla de menor cuantía (suman 2,59 millones de euros de los 136,6 del total analizado), superan sin mácula el examen de los auditores del organismo que hace las veces de Tribunal de Cuentas autonómico y es el encargado de controlar el buen uso que las administraciones hacen del dinero que gestionan.

Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas, firma un informe oficial en el que refleja que los consejeros de Juan Vicente Herrera «cumplen razonablemente con la legalidad aplicable», salvo por «determinadas salvedades que afectan al principio de publicidad» e «incidencias en los criterios de valoración de ofertas».

El análisis sobre la contratación de la Administración autonómica detecta casos en los que el procedimiento de urgencia, tramitación menos exigente, «no queda suficientemente justificado» y halla criterios de adjudicación no evaluables o «incorrectamente ponderados». También encuentra errores y omisiones en la licitación, incumplimiento de plazos para aportar documentación, de adjudicación o de formalización del contrato y constata una insuficiente motivación de elección de la empresa que se hace con la adjudicación.

A lo anterior se suman dos expedientes en los que se optó por la tramitación negociada (pidiendo tres ofertas, en lugar de general y abierta), en los que «la definición de los aspectos negociados contiene deficiencias» o sin «constancia de una negociación efectiva sobre las proposiciones recibidas».

Pese a todo lo anterior, desde el Consejo de Cuentas apuntan que detectan, de año en año, «una tendencia de mejora formal» en la manera en la que los departamentos de la Junta tramitan la contratación de obras, servicios y suministros.

Los 70 expedientes seleccionados de 2015 suponen el 26% del de montante que adjudicaron las consejerías y sus organismos públicos. La cuantía total de los contratos de ese año rondó los 519 millones de euros, de los que la Gerencia Regional de Salud gastó uno de cada dos euros. .

A la cabeza de los expedientes fiscalizados, por cuantía, está la adjudicación de las terapias respiratorias domiciliarias, que supuso a las arcas autonómicas 26,93 millones de euros. Los auditores del Consejo de Cuentas analizaron también el contrato de suministro energético para 157 centros de Servicios Sociales (13,61 millones de euros); de limpieza del Hospital de León (13,25 millones); del mantenimiento de la Autovía León-Burgos, entre Onzonilla y Carrión de los Condes (9,52 millones); de suministro de pañales para centros sanitarios (6,83 millones); de cinco helicópteros para extinción de incendios (6,63 millones); o del Servicio de Atención al Ciudadano 012 (5,12 millones).

El Consejo de Cuentas recomienda a la Junta reservar la tramitación de urgencia para casos de «necesidad inaplazable» o que requieran mayor «celeridad por razones de interés público», que es lo que marca la ley. También plantea «reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación», en un informe en el que los auditores detectan que se incumplen las cláusulas sociales en la contratación pública, caso de la reserva para centros especiales de empleo o empresas en las que el 2% de plantilla son personas con discapacidad.

El consejo analiza en este informe los contratos menores de la Consejería de Agricultura y Ganadería y detecta «fraccionamiento indebido» de lotes de suministros que, a su juicio, deberían contratarse de forma agrupada.

La auditoría está registrada en las Cortes y a la espera de que Jesús Encabo acuda a explicar ese informe.