El nuevo curso de justicia también ha alzado el telón este miércoles con la toma de posesión de Juan Manuel Gago como presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Castilla y León. El acto, que ha estado presidido por el presidente del ... Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha servido también para completar el resto de la comisión permanente de este órgano, que forman el vicepresidente, la tesorera y el secretario.
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Jesús de la Fuente será el vicepresidente, Mar Serrano ejercerá de tesorera mientras que el secretario será Elías Gutiérrez.
En su intervención tras jurar su cargo, Gago ha querido hacer referencia a las reivindicaciones de los procuradores que ejercen en el turno de oficio en Castilla y León en relación a la equiparación salarial de los de otras comunidades, que cuentan con una mejor remuneración. También se ha hecho eco de las reivindicaciones para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional del gremio.
Además, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha manifestado su descontento con la supresión de vacaciones para la habilitación de agosto, puesto que «no ha sido útil«.
Esta habilitación ha supuesto que, según datos del Ministerio de Justicia, se hayan elevado el número de demandas y escritos, «pero podían haberse presentado exactamente igual antes o después del mes de agosto».
«Lo que hemos dicho siempre es que no era una medida útil y que iba a distorsionar todavía más el funcionamiento de la administración de justicia», ha lamentado.
También ha calificado de «irrisorio» que esta mañana se haya votado en el Senado la enmienda al Real Decreto de Medidas urgentes por la Covid que hace referencia «a retomar la inhabilidad del mes de agosto», y que como estaba de vacaciones el Senado «no pudo tramitarse». «Es ridículo votar eso hoy cuando el mes de agosto ya ha pasado», ha afirmado.
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Lo que sí ha valorado de manera positiva es la votación de la enmienda a esa misma ley, a propuesta del Consejo General de Procuradores, para que tengan «facilidad para acceder a dependencias judiciales y poder realizar trámites», dado que en el documento original se les iguala que al resto de ciudadanos, lo que «entorpece» su labor profesional.
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