El Congreso insta al Gobierno a reformar el protocolo para evitar casos como el de la niña Sara

Ese periodo, ese «calvario» en los últimos días de vida de la menor, las actuaciones policiales, fiscales y de los servicios sociales que se desarrollaron y, principalmente las que no se ejecutaron, empujó ayer al diputado vallisoletano de Ciudadanos, Francisco Igea,a reclamar en el Congreso que el protocolo de actuación en los casos de malos tratos a menores se reforme para evitar que ocurra una situación como la que sufrió la pequeña Sara y que desencadenó su muerte. «Un caso como éste no se puede volver a repetir», sentenció Igea durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso. Porque –añadió– los seres más indefensos «no pueden encontrar esta respuesta por parte de las autoridades públicas; de la Fiscalía que no abrió un segundo expediente por violencia a menores; de la policía nacional que tampoco trasladó su informe a servicios sociales; incluso de los servicios sociales que tardaron 14 días en actuar. De todo el mundo que dejó sola a esta criatura».

La propuesta, planteada en una proposición no de ley, llegó ayer respaldada por todos los grupos (salvo el PNV, que se abstuvo) para que el Gobierno revise y actualice el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Un «importante paso» a la hora de conseguir un mayor control y evaluación ante un posible caso de malos tratos a menores y, especialmente, para limitar la exposición de los niños en el entorno perjudicial y de esta forma evitar riesgos. «Debemos impedir que puedan salir de un hospital si no hay una evaluación de riesgo adecuada», incidió Francisco Igea.

Con esta proposición no de ley en la mano, y con el previsible visto bueno del Gobierno en un futuro próximo, el protocolo de intervención contemplará así que en casos de posible maltrato –tanto leves como graves– «no se dará el alta médica al menor hasta recibir una valoración por los servicios sociales, la fiscalía o hasta que haya un atestado dirigido al juzgado». Esto significa, según defendió Igea, que los servicios sociales tienen que evaluar el riesgo y el entorno familiar, y los forenses deberán valorar a los niños antes de tomar la decisión de que regresen con su familia. «Porque si cualquiera hubiera visto los hematomas (de la pequeña Sara) en distinto grado de evolución, que no se correspondían con el tiempo que llevaba ausente el supuesto agresor (la madre culpó inicialmente al padre biológico, que vivía en Londres), si lo hubiera hecho un forense y lo hubiera remitido al juzgado de guardia en un atestado diferente al de violencia de género, probablemente no estaríamos aquí», señaló el diputado vallisoletano, quien protestó por que «ninguna de las personas que intervinieron en este caso ni siquiera han pedido perdón, pues parece que nada ha fallado, todo estaba bien y parece ser que se aplicó el protocolo correctamente», sostuvo.

Lejos de querer legislar por un «caso único o aislado» pero para evitar que una muerte como la de la niña Sara «se pueda volver a repetir», la proposición no de ley contempla así además tiempos más ágiles en la atención a los menores víctimas de agresiones. Porque como parlamentarios, dijo, «no podemos mirar para otro lado».

La investigación por la muerte de la pequeña Sara, la niña de 4 años que murió el 3 de agosto víctima de malos tratos y posibles abusos sexuales, sumará el viernes otro capítulo de contenido imprevisible con la declaración a petición propia del principal acusado del crimen, Roberto H. H., de 36 años, el novio de la madre. Este ha solicitado comparecer de nuevo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 para modificar su primer testimonio, prestado poco después de ser detenido, al igual que la progenitora, Davinia M. G., de 37 años, como presuntos responsables de la muerte de la menor.

Los dos sospechosos permanecen desde el mismo día del fallecimiento internados en la prisión provincial a la espera de que se concreten los cargos contra ellos, una vez que la jueza ha decidido levantar el secreto de sumario y que tanto la acusación particular, que ejerce la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos en nombre del padre biólogo, como las defensas puedan solicitar nuevas pruebas o declaraciones para avanzar en la instrucción. También la asociación Clara Campoamor ha confirmado su personación como acusación pública, con el fin de «indagar en la cadena de errores que dejaron desprotegida a la menor», tras abonar su presidenta la fianza de dos mil euros exigida por la jueza.