La colegios reclaman información para optar a la gratuidad de 0 a 3 años

La comunidad escolar vive con inquietud la gestación de esta nueva prestación. El pasado viernes se agotó el plazo que dio la Junta, vía Boletín de la Comunidad (Bocyl), para que las entidades locales u otras corporaciones públicas, o centros públicos y privados comunicasen las unidades y plazas escolares con las que se adhieren a la oferta gratuita de plazas de dos a tres años para el curso escolar 2022-2023.

«Nadie ha hablado con nosotros», lamenta la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto. Con 11 escuelas propias de 0 a 3 años y 783 plazas, la capital tiene la mayor oferta de la comunidad. Casi la mitad de esas matrículas (unas 400) son de niños de 2 a 3 años, que son las primeras unidades gratuitas a partir del curso 2022-2023.

En la vía privada hay más de 400 escuelas infantiles de 0 a 3 años en la región. La asociación AEPRICyL representa a las 40 autorizadas que ya cumplen los requisitos legales. «Hay 360 centros que no saben si podrán adaptarse para ofertar esta educación

-explica su portavoz, Enrique Vilar-. Lo que nos preocupa a todos es que este 'efecto llamada' de la gratuidad provoque que muchos colegios públicos aprovechen para abrir aulas vacías por la caída de la natalidad».

La presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles (muchas pendientes de regularizarse), Pilar Granados, admite que la nueva oferta educativa «podría acabar con un sector para salvar a otros». La mayoría tendrían que someterse a unas obras que no saben si les merece la pena. Aún no se sabe cómo serán los ratios de niños, los horarios o los módulos económicos.

En los contactos que estos centros han tenido con Educación, les plantean una oferta económica similar a la de la educación de 3 a 6 años: unos 41.000 euros por grupo. «Supondría la muerte de muchos centros», coinciden Granados y Vilar. «Un grupo de 3 a 6 años se gestiona con una maestra. Los más pequeños demandan más servicios y profesionales. Sería inviable», asegura Enrique Vilar. «Además, nosotros hacemos conciliación. Nos exigen que abramos todo el año, verano incluido, y con más horario. Al final la gratuidad la asumiríamos nosotros, no la Junta», insiste Pilar Granados.

Entre los colegios convencionales también han mucha inquietud. «Es asombroso. Se ha lanzado la orden sin tener en cuenta los plazos», lamenta la portavoz de la principal organización de los concertados, la Federación del Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE), Ana Isabel García. Reclaman a la Junta que «mantenga la libertad de elección público-privada y de la financiación con fondos públicos«. Pero admiten que tampoco reciben información y que todavía «es imposible» saber cuántas plazas se van a ofertar. «La clave es una normativa de 2008 muy estricta y que muchos centros no van a tener tiempo de corregir», insiste García. En juego hay además mucho empleo, mayoritariamente femenino.

Por contra, la Confederación de Padres de Castilla y León que representa a las escuelas públicas (Confapacal), está animando a los consejos escolares de sus centros a que reclamen estas plazas para «evitar una nueva privatización ya que nos consta que todos los colegios privados lo están reclamando».