Cinco claves para entender cómo se aplica la eutanasia en Castilla y León

Una persona mayor de edad y «en plena capacidad de obrar y decidir», siempre que sea de forma autónoma, consciente e informada. Español, con residencia legal o empadronado al menos un año en España.

Personas con un sufrimiento físico o psíquico intolerable por padecer una enfermedad grave o incurable. Si no están en uso de sus facultades, deberán haber firmado antes unas instrucciones previas, un testamento vital o equivalente.

El paciente formulará dos solicitudes voluntarias y por escrito con una separación de 15 días. Tras la primera, su médico (en un plazo de dos días) realizará con él una deliberación sobre el diagnóstico, terapias y posibles cuidados paliativos. El proceso se repetirá tras la segunda solicitud. El enfermo podrá desistir en cualquier momento. Si persiste en su solicitud, su médico deberá darle traslado a la Comisión autonómica.

Confirmada la demanda de eutanasia, el médico tiene tres días para poner el caso ante la Comisión de Garantía de Castilla y León, que determinará qué dos de sus expertos (un médico y un jurista), ajenos al caso, examinarán la petición.

Los expertos tendrán siete días para emitir un informe que se hará llegar al médico responsable. En caso de rechazo, podrá recurrirse por vía contencioso-administrativa.

Tras firmar el consentimiento informado, el paciente comunicará al médico responsable cómo quiere recibir la ayuda para morir: que se la administren los facultativos o se la faciliten y se la pueda autosuministrar. Podrá ser en un hospital o en su domicilio.

La LORE deja abiertos aspectos clave como quien administrará el medicamento letal.