El plan anti «chiringuitos» de Vox también pondría en la diana a órdenes religiosas

¿Pero a qué apunta Espinosa de los Monteros cuando habla de «chiringuitos subvencionados» que viven de la «ubre del Estado» atendiendo a mujeres sobre la «base de victimizarse y luego pedir subvenciones»? Un repaso a las resoluciones de ayudas públicas otorgadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades permite hacerse una idea del amplio arco asociativo que colabora con la Junta en estos programas.

Hay asociaciones que encajan en un perfil feminista, de atención a víctimas de agresiones sexuales o maltratadas, pero también trabajan en esta materia entidades religiosas como las Adoratrices, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor o Cáritas, que lideran iniciativas de atención a mujeres que caen en manos de redes de trata y explotación sexual y ejercen la prostitución. «Llevamos muchísimos años colaborando con la Junta», explica Consuelo Rojo, religiosa de las Adoratrices que está al frente del programa en Burgos, Soria y Segovia. Rojo describe una labor con mujeres altamente vulnerables, «inmigrantes la mayoría», y que articulan en un acercamiento para ofrecer asistencia sanitaria, en centros de acción social para resolver cuestiones puntuales y en alojamiento de acogida. El objetivo último es 'liberar' a estas mujeres, que en el menor de los casos llegan con engaños, a los que es habitual sumar coacciones, raptos y agresiones.

Su colaboración con la Junta se enmarca en el programa Atrapadas. Junto a las Adoratrices, tejen esta red de atención en Castilla y León Cáritas, Aclad (Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda al Drogodependiente), Apramp (asociación que trabaja en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual) y las Oblatas del Santísimo Redentor. Los datos recogidos por el Observatorio de Castilla y León en su sección de Género, que depende de la Junta, contabilizan 2.448 mujeres atendidas en 2021, a fecha de noviembre de ese año. Con indicios de sufrir trata de personas en 709 casos.

Ese mismo informe, de noviembre pasado, reflejaba 3.131 casos activos de mujeres con protección policial en Castilla y León en ese momento; 667 víctimas de agresiones sexuales atendidas en lo que iba de año; 90 maltratadas y 89 menores en casas de acogida; 303 mujeres con asesoramiento y acompañamiento jurídico y 1.864 personas con terapia psicológica, entre ellas 40 maltratadores.

¿Beneficia a esta labor la polémica sobre la violencia de género 'versus' la intrafamiliar y el uso de términos como chiringuito? «No queremos entrar en ese debate. El trabajo del día a día, nos come, de verdad, nos come», responde la directora de las Adoratrices, que participan en el programa autonómico desde 1998.

Asociaciones como la leonesa Simone de Beauvoir o la salmantina Blanca de Suabia colaboran con la Junta gestionando centros de acogida y de emergencia que atienden a mujeres víctimas de maltrato y a familiares a su cargo. Lo hacen «bajo supervisión y en colaboración estrecha» con el personal de la Consejería de Familia, resalta Eva Picado, presidenta de la Asociación Blanca de Suabia, que empezó «fomentando la figura de la mujer en Salamanca» y afrontó hace más de tres décadas el reto de abrir una casa de acogida.

Picado es también diputada provincial del PP, pero separa ese ámbito político del que ejerce en la asociación. Encaran el futuro, dice, desde «el trabajo realizado» por la asociación y «el compromiso», al tiempo que hace suya la valoración que días atrás trasladaba la directora de la Mujer de la Junta, Ruth Pindado, en Salamanca, en la que defendía que la violencia de género «es violencia ejercida contra la mujer, que es machista pura y dura, siempre se ejerce porque hay un poder más fuerte».

Encina Gutiérrez es la presidenta de la Asociación Simone de Beauvoir, que abrió su casa de acogida en León en 1987. El año pasado alojaron a 10 mujeres y 9 menores que pueden estar allí entre seis meses y año y medio, hasta que pueden afrontar el día a día de forma autónoma. La asociación gestiona desde 2003 un centro que ofrece una atención integral (social, psicológica, jurídica...) a víctimas de violencia machista y tiene actividades para los niños. En este prestaron asistencia a 103 mujeres y 50 menores en 2021, además de hacer seguimiento a otras 68.

«No somos chiringuitos. Damos respuesta donde lo público no llega», apunta Encina Gutiérrez, que expresa su temor ante los movimientos de Vox. «Lo que hemos visto en Andalucía, donde no son Gobierno, es cómo se han ido cerrando recursos que son necesario, porque existe demanda», subraya Encina Gutiérrez.

Estas dos asociaciones comparten resoluciones de financiación de la Junta para acciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con otras como el Secretariado Gitano, la Asociación Scouts, la Federación de Esclerosis Múltiple, la agrupación antiabortista Red Madre Castilla y León, Médicos del Mundo e incluso agrupaciones deportivas como la Federación de Baloncesto de Castilla y León. También organizaciones con una trayectoria tan sólida como Cáritas y Cruz Roja.

El clima generado por las declaraciones de dirigentes de Vox y el hecho de que vayan a cogobernar la Junta mueven a organizaciones de este ámbito a no hacer valoraciones. Es el caso de Cruz Roja. Desde esta última declinan trasladar opinión alguna sobre su trabajo y optan por no facilitar información sobre los programas que impulsan con esos fondos públicos.

Sí lo hacen desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (Adavasymt), con 28 años de labor en su haber. «Empezamos cuando desde las instituciones no existía nada y pese a quien pese vamos a seguir en la brecha», destacan Conchi Minayo y Rocío Mielgo. Para ellas, la estrategia de Vox de negar la violencia de género va más allá de poner en riesgo las subvenciones –en su caso someten anualmente los fondos públicos y las donaciones privadas que reciben a una auditoría externa– y los programas e incide en la dominación sobre la mujer. «Esto cuesta vidas, cuesta agresiones sexuales», subrayan.

En los pueblos y entre las mujeres inmigrantes, prestar asistencia a víctimas de malos tratos conlleva un plus de dificultad. Existe preocupación porque se produce un «mayor aislamiento» de las mujeres maltratadas, falta de «acompañamiento» y de «personal de asistencia» en el medio rural. Eso se puso de manifiesto en la última reunión del Observatorio (de Género) de Castilla y León. Fue en noviembre. Ese órgano lo preside un cargo de la Consejería de Familia y se sientan la directora de la Mujer y técnicos de esa consejería y de las de Educación y Sanidad, además de responsables de las universidades, de CC OO, CEOE, CERMI, asociaciones de mujeres rurales, de mujeres progresistas, de Asaja, de apoyo a inmigrantes y de varios colegios profesionales.

Desde la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades resaltan los controles que pasan los fondos, con comprobaciones para auditar que «se han destinado al fin para el que se han concedido» por parte de funcionarios y con el visado posterior de la Intervención General de la Junta o la posible fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León. La recepción de ese dinero supone cumplir previamente los requisitos que estipulan las convocatorias de subvenciones o los acuerdos marco que regulan la atención en la red de centros de emergencia y casas de acogida con la consejería, además de justificar después en qué se ha gastado. La Junta tiene convenios con entidades como los colegios profesionales de psicólogos y de abogados. Y traslada fondos a la patronal CEOE y a sindicatos como CC OO y UGT para impulsar medidas de igualdad en iniciativas laborales y convenios colectivos.

La consejera Blanco fijaba la posición del Partido Popular el 12 de noviembre de 2019 en un pleno de las Cortes. «La violencia de género no es patrimonio de nadie. La violencia de género es patrimonio de todos. Y todos tenemos que luchar contra la violencia de género. Y así lo estamos demostrando en este Gobierno», replicaba al PSOE. Desde Vox en Castilla y León, socios ahora de los populares, remiten a las declaraciones de Espinosa de los Monteros.