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«Es inaceptable que unas personas puedan ampararse en la libertad de expresión para mofarse públicamente de una familia que acaba de perder a un chico de 13 años y que algunos colectivos utilicen su muerte en un lamentable accidente de caza para ... atacar a todo el sector», lamenta Jesús Hernández, presidente provincial de la Federación Española de Caza, un colectivo que ayer anunció que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue las decenas de mensajes vertidos en las redes sociales (Twitter y Facebook) con un contenido evidentemente ofensivo en el que los autores llegan «a celebrar» el fallecimiento de Guillermo, el menor vallisoletano que perdió la vida el pasado sábado al recibir un «disparo accidental» de un rifle, según considera la Guardia Civil, cuando participaba como «observador» en una cacería autorizada de jabalíes en un monte de Villalba de los Alcores.
La muerte del niño, según critican ahora las tres principales entidades del sector cinegético (Real Federación Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza y Fundación Artemisan), sirvió de excusa a decenas de particulares para publicar mensajes en las citadas redes sociales con comentarios como «bien muerto está» o «es selección natural a favor de la sociedad». Toda una suerte de «barbaridades», regada con otros comentarios contra los padres de la víctima, los cazadores y la caza en general, que dichas agrupaciones aseguran que han trasladado a la Fiscalía para que estudie su posible alcance penal. Ellos, de entrada, solicitan condenas penales contra los autores por lo que consideran delitos de odio «en toda regla» contra el menor fallecido y su familia y contra el colectivo de cazadores.
La investigación penal contra la mayoría de los mensajes en las redes sociales de particulares que celebraron la muerte del torero segoviano Víctor Barrio, quien falleció corneado en Teruel el 9 de julio de 2016, acabaron archivados; si bien fue a través de la vía civil por la que la familia consiguió que una concejala valenciana fuera condenada por una «intromisión ilegítima en el honor de la familia del diestro» a retirar sus mensajes en Facebook, y al pago de una indemnización de 7.000 euros, al entender que «su comparación de la lidia con un asesinato tuvo racionalmente que incrementar el padecimiento» de sus allegados.
Solo en la provincia hay doce mil cazadores censados, cien mil en el conjunto de la comunidad y un millón en toda España. «Somos un colectivo muy amplio, que ejercemos una actividad completamente legal y que somos los primeros que lamentamos profundamente lo ocurrido y queremos que accidentes como este jamás vuelvan a repetirse», apunta el presidente de la federación vallisoletana de caza, quien incide en reclamar «respeto a los muertos, y más cuando estamos hablando de un niño, con independencia de la ideología o las creencias que pueda tener cada uno». Jesús Hernández recuerda que el reguero de mensajes ofensivos en las redes sociales se produjo «a las pocas horas de conocerse lo ocurrido», cuando la familia aún estaba intentando asimilar lo ocurrido el pasado sábado.
Los allegados de Guillermo, eso sí, recibieron el apoyo de «decenas de personas» que dejaron pequeña la capilla del colegio Apostolado, donde estudiaba el joven y que acogió el funeral el lunes por la tarde. «Esta muerte es una tragedia y nadie puede imaginarse lo que están pasando sus dos familiares directos -un primo, también menor, y un tío de la víctima- que estaban presentes cuando se produjo el accidente», lamenta Jesús.
La muerte del chico de 13 años, ocurrida a las 13:30 horas del sábado en Villalba de los Alcores, llevó a colectivos en defensa de los animales, como Pacma o Liberalia, a solicitar la prohibición de la presencia de menores en las cacerías o que puedan utilizar armas -a partir de los catorece años-; además de solicitar la abolición de la caza, conforme a su postura tradicional contra esta práctica. «La caza es violencia y muerte, a veces también contra otras personas. Nuestro pésame a la familia del menor», publicó Pacma el domingo a través de su cuenta en la red social Twitter.
Sus mensajes y comunicados oficiales mantuvieron una línea muy crítica contra la caza, como siempre han mantenido, aunque muy alejada de los comentarios vertidos en paralelo por decenas de particulares «celebrando, incluso, la muerte del chico» y atacando abiertamente a unos progenitores que acaban de perder a un niño de 13 años. «No se puede criminalizar a un sector aprovechando una tragedia como esta», advirtieron desde las grandes entidades cinegéticas antes de condenar «el trato despiadado e insensible que asociaciones y particulares animalistas están realizando contra los cazadores y la actividad cinegética». La Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza y la Fundación Artemisan considera que colectivos y particulares «han aprovechado esta muerte para generar odio hacia este colectivo» y por eso solicita a la Fiscalía que «castigue penalmente a los autores».
La investigación policial y judicial sobre lo ocurrido, entre tanto, continúa en marcha a la espera de que la Guardia Civil finalice su atestado y remita sus conclusiones al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco para que su titular concrete si los hechos son merecedores de algún tipo de reproche penal -un homicidio imprudente en el caso más extremo- o acuerda su archivo.
«Todo apunta a que fue un accidente inexplicable al dispararse el rifle de manera fortuita al ir a cogerlo -el atestado tendrá que determinar quién- cuando estaba apoyado en un matorral y accionarse el gatillo al quedar enganchado con una rama», apuntan las fuentes consultadas. El caso es que el proyectil alcanzó en la cabeza al menor y segó su vida. Su primo y un tío, al parecer, estaban allí cuando ocurrió.
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