Castilla y León registró 89.126 procedimientos penales en 2021, un 13% más que 2020

En este sentido, ha recordado que en 2020 se incoaron en Castilla y León 79.230 procedimientos de estas características, por los 95.950 del año anterior.

Por otro lado, durante el pasado año se contabilizaron en la Comunidad 69.059 diligencias previas, 6.312 fueron diligencias urgentes y 13.640 delitos leves, mientras que los sumarios fueron 97.

En el caso de los procedimientos abreviados, la mayor parte de ellos se relaciona con delitos contra el patrimonio o lesiones, seguidos de los delitos contra la seguridad del tráfico y delitos de quebrantamiento de condena o medida de seguridad. Por lo que respecta al número de diligencias urgentes, aumentaron un 21 por ciento respecto al año anterior, estando la mayor parte vinculadas a delitos contra la seguridad vial, violencia de género y doméstica.

En cuanto a los juicios, los fiscales de Castilla y León asistieron en 2021 un total de 15.274, mientras que el número de sentencias dictadas en todos los órganos de la Comunidad aumentaron significativamente.

En lo que respecta a la evolución de la criminalidad en Castilla y León, cabe destacar que registró el pasado año parámetros similares a los del resto del país, con un aumento significativo cercano al 30 por ciento en delitos contra la libertad sexual.

Por otro lado, se incoaron 596 diligencias de investigación, frente a las 559 del año anterior, de las que el 70 por ciento fueron archivadas desde el primer momento o tras una leve investigación.

Los delitos más numerosos denunciados fueron contra la administración pública, fundamentalmente el de prevaricación, en muchos casos presentadas por particulares, grupos políticos o asociaciones.

En el ámbito de la Violencia de género, la memoria presentada por el fiscal superior de Castilla y León recuerda que cuatro mujeres fueron asesinadas en la Comunidad durante el pasado año a manos de sus parejas o ex parejas sentimentales. Al respecto, Santiago Mena ha destacado la importancia de ser capaces de detectar el riesgo, con datos que nos alerten del peligro para la mujer y también para sus hijos. «Es preciso seguir potenciando las unidades de valoración forense y las oficinas de atención a víctimas», ha resaltado.

Especialmente preocupante, ha dicho Mena, es la proliferación de los delitos de odio y de discriminación, en los que se observa que la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas.

Junto a esto, el fiscal superior ha propuesto un estudio legislativo de una nueva tipificación legal específica para dar un plus de protección a colectivos de víctimas especialmente vulnerables, como son ciclistas o motoristas, a la vez que ha planteado una «profunda reflexión» en el cuidado y protección medioambiental.

Finalmente, ha dicho que «es una prioridad absoluta» del Ministerio Fiscal ejercer su función protectora de las víctimas potenciales y de las personas más vulnerables, desde su detección y especialmente durante la fase de procedimiento. «Las víctimas tienen que ser nuestra prioridad», ha concluido.