Castilla y León reforzará las medidas de conciliación a los empleados públicos

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha defendido la necesidad de reformar en su integridad la ley autonómica vigente, que se aprobó en 2005 y que ha sufrido constantes modificaciones hasta ser necesario en 2015 elaborar un texto refundido de la norma sobre el que también se han producido cambios. «El anteproyecto que presentamos dará seguridad jurídica en el reconocimiento de los derechos y los deberes de los empleados públicos», ha asegurado el consejero.

El texto, abierto a los cambios que puedan surgir del proceso de debate social y de negociación con los sindicatos, recogerá la reserva de puesto durante tres años para aquellos trabajadores que soliciten una excedencia por cuidado de hijo para atajar la disparidad que se da entre lo que recoge la legislación estatal y la autonómica. También prevé flexibilizar el retorno al puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria. No será necesario esperar dos años, puesto que la normativa valora que se pueda volver al año.

El consejero ha precisado que la normativa acotará los puestos en los que los responsables políticos podrán nombrar a funcionarios de libre designación, un planteamiento que ya fue anunciado en la anterior legislatura. El punto de partida es que el nivel de jefe de servicio marque la frontera en la que se aplique, aunque se contemplarán excepciones, como son los puestos de más cercanía laboral con los altos cargos, como las labores de secretaría.

El texto regula de manera específica la movilidad por motivo de violencia de género, por motivos de salud, por acoso laboral y la movilidad interadministrativa

«Es una propuesta abierta», ha manifestado Ángel Ibáñez. Su departamento recogerá sugerencias en Gobierno Abierto hasta el día 5 de julio. Una vez que procese esas aportaciones, ajustará el texto inicial y abrirá un trámite de audiencia entre las consejerías, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y las universidades. El texto depurado que salga de esa fase se someterá a negociación con las organizaciones sindicales que tienen representación en la Administración autonómica y el anteproyecto pasará luego a la fase de los informes de los Servicios Jurídicos, el CES y el Consejo Consultivo. Eso lo pondrá a las puertas del Consejo de Gobierno, último paso antes de enviar el texto a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El consejero de la Presidencia hizo una previsión de calendario optimista de todo este proceso y confíó en que el Proyecto de Ley de la Función Pública de Castilla y León esté en el parlamento autonómico entre septiembre y diciembre. La tramitación de enmiendas y el debate y votación en las Cortes se extenderá, en principio, unos seis meses.