Castilla y León

Castilla y León pierde 19.000 beneficiarios de la renta garantizada desde 2020

Castilla y León ha perdido un total de 19.222 beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía entre 2023 y 2020, con la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La cifra ha pasado de los 26.529 a 9.853 en los últimos tres años, lo que supuso una caída del 72,%, muy superior al descenso del conjunto de España que fue del 28,1%. La comunidad registró la sexta mayor bajada del país en el número de beneficiarios, solo por detrás de Madrid (-90,7%), Andalucía (-84,4%), Cantabria (-77,2%), Murcia (-76,6%) y Asturias (-73%).

Un informe sobre rentas mínimas de inserción (RMI), elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogido por la Agencia Ical, destaca que la reducción de los presupuestos de este tipo de prestaciones en la mayor parte de las comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros en el conjunto del país.

En el caso de Castilla y León, la reducción en ese periodo fue de 36,7 millones. En concreto, ha pasado de una inversión de 52,6 millones en 2020 a 15,9 millones de euros en 2023, con una bajada del 82,2% y 36,7 millones menos. Se trata del tercer mayor descenso de España, por detrás de Aragón (-96,2%) y Madrid (-91,1%). Por el contrario, aumentaron la cuantía las comunidades de Canarias (103%), Baleares (74,6%), Valencia (18,6%) y País Vasco (3,9%).

La asociación denunció que solo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las administraciones autonómicas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%. También este aspecto encubre diferencias extremas, con dos territorios como País Vasco y Navarra que destacan con porcentajes que superan o se acercan a la mitad de su población por debajo del umbral de la pobreza, con el 51,2 y 38,2%, respectivamente.

Sin embargo, alertó que en cinco comunidades sus rentas «ni siquiera» alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza como Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%). La región contaba en 2023 con 2,3 millones de habitantes, de los que el 18,2% tenía una tasa de riesgo de pobreza, al sumar 433.833 personas.

La cuantía media por persona perceptora de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el país. Una cuantía «extremadamente baja», según la entidad, pese a haber aumentado dos puntos este último año. Los directores y gerentes de Servicios Sociales apuntaron que en este aspecto las diferencias entre comunidades, también, son «extremas». Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (36,4), Cataluña (18,3), Canarias (17,9), Asturias (16,5) y Valencia (15,2%). Las que menos, Murcia (9), Madrid (9,1%) y el caso más extremo, Aragón, donde el importe de sus RMI sólo representa el 0,7% de la renta media de los hogares de su territorio. Castilla y León se quedó en el 11,7%.

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