Castilla y León necesita almacenar 350 hectómetros cúbicos de agua en balsas y embalses

Marcos añadió que además de esos 350 hectómetros cúbicos lo ideal sería incrementar hasta 800 para afrontar con seguridad años de sequía como los dos últimos y con acumulación plurianual y recargar los acuíferos. Más si cabe cuando uno de los problemas que la sociedad debe afrontar es el cambio climático, cuya acción «será más pronunciada a partir de ahora», tal y como reconoció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Ignacio Diego. Esa nueva capacidad procedería de algunas de las 20 zonas en las que pronto «se estudiará su viabilidad económica y medioambiental» para levantar los embalses, y que ya se contemplaban en el Plan Hidrológico de 1998. De hecho, ahora se trabaja sobre esa base. «Es el momento de plantear estos estudios para llevarlos a efecto, pero no las regulaciones puntuales», urgió Diego.

El encuentro celebrado en Valladolid sirvió para consensuar un documento de necesidades que se trasladarán al Pacto Nacional del Agua y que unió alrededor de la mesa también a los presidentes de las confederaciones del Ebro, Raimundo La Fuente; del Miño-Sil, Francisco Marín; y del Tajo, Juan Carlos de Cea. «Para la comunidad resulta imprescindible no sólo optimizar los recursos hídricos, sino además incrementarlos y garantizar la existencia de agua para riego, sin olvidar el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos de Cuenca», sentenció Marcos. Todos adelantaron que es obligatorio aunar esfuerzos en estos momentos, «con independencia de gobiernos y colores políticos», para crear planes a largo plazo, por lo que agradecieron el papel de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Castilla y León ha establecido varios tipos de necesidades que deberían incluirse en el Pacto. Así, a la hora de incrementar la capacidad de almacenamiento o regulación, las partes coinciden en que la ejecución de infraestructuras sea por «procedimiento de urgencia» para agilizar las tramitaciones. También que la ley que se derive del Pacto Nacional del Agua sea un instrumento que garantice la realización de estas grandes infraestructuras, a través de la declaración de «razones imperiosas de interés público de primer orden, sin perjuicio de que se fijen todas las medidas de conservación necesarias para preservar hábitats y especies».

Una petición que se realiza en base al artículo 46 de la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad. Es decir, que primen criterios «de interés público, social, con independencia de los factores medioambientales». Esta cuestión, matizó Milagros Marcos, se da en este caso por los beneficios económicos de los regadíos.

La consejera consideró que resulta «prioritario» optimizar los recursos para aspirar a mayor acumulación. Castilla y León, dijo, ha hecho un «enorme esfuerzo» en modernización de los regadíos, hasta alcanzar las 120.000 hectáreas desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Regadíos en 2002, a las que hay se incorporan las 40.000 hectáreas planificadas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León, para las cuales se invierten más de 294 millones y en las que colaboran los propios activos agrarios. En la actualidad se ha alcanzado ya un nivel de ejecución del 27%.

Castilla y León tiene establecida una planificación de nuevos regadíos recogida en el Mapa de 20.000 hectáreas, de las cuales ya se ha actuado o se está trabajando sobre el 40%, esto es, casi 8.000 hectáreas. El resto, las otras 12.000, se iniciarán este año, hasta cumplir con el cien por cien de los objetivos fijados. La previsión hidrológica, que comprende de 2022 a 2027, contempla la transformación en regadío de otras 90.000 hectáreas más en Castilla y León.

En total, detalló Milagros Marcos, y con el plan hidrológico vigente, la Comunidad tiene una capacidad para regar hasta 570.000 hectáreas, pero en 2027 alcanzaría las 660.000, por lo que precisaría de 350 hectómetros cúbicos más a sumar a los 3.800 de capacidad de regulación que ahora tienen uso para regadío.

Marcos expuso algunos datos con los que evidenció las ventajas de la modernización y creación de nuevos regadíos: «Contribuyen a convertir la agricultura en más productiva y competitiva, a generar empleo y a desarrollar el medio rural», esgrimió. Así, continuó, se consigue ahorrar costes de riego (un 35% respecto a las no modernizadas) y de uso de agua (un 20%). Además, se incrementa el margen económico de las explotaciones, ya que el valor agregado bruto (VAB) de una hectárea modernizada es un 30% superior a la que no lo está y permite una mayor diversidad de cultivos. Es decir, el VAB de regadíos es de 912 euros por hectárea, frente a los 258 de secano.

A nivel socio-económico, espetó la consejera, el regadío favorece una mayor incorporación de jóvenes (6,5 veces superior en zonas con alta intensidad de riego respecto a secano), mayor inversión de agricultores (es un 240% superior a las no modernizadas), mantiene población en el medio rural (la densidad de población es tres veces mayor y en mujeres un dos%, y las tasas de actividad son muy superiores al secano) y aporta mayores sinergias con la industria alimentaria.

Mientras, a nivel ambiental contribuye a la reducción de gases invernaderos (la optimización de equipos permite disminuciones del 25% en emisiones CO2), a la bajada de la contaminación difusa (reducción superior al 30%) y a la diversidad de cultivos que incide favorablemente en aspectos como el suelo o la biodiversidad. También más de un 30% en el uso de abonos nitrogenados.

Por último, la Consejería solicitará una solución en el Pacto a los regadíos de aguas subterráneas. Ahora se ejecutan medidas para un mayor control y se promueve la agrupación de estos aprovechamientos en comunidades de regantes. También en este sentido demandó un procedimiento «ágil y rápido» de la constitución de esas comunidades de regantes, así como una normativa para gestionen esas masas de agua. Es necesaria, apeló Marcos, una «solución de aprovechamiento integral de los recursos basada en complementar los regadíos en esas zonas con recursos superficiales procedentes de la ampliación de la capacidad de regulación, así como medidas para recargar acuíferos».

Por su parte, los presidentes de las confederaciones hidrográficas apelaron a la necesidad de abordar en el Pacto del Agua la forma de luchar contra el cambio climático, con evidencias cada vez más continuadas. El máximo responsable de la CHD habló de una «situación difícil que hay que atender en el Pacto», en base a las demandas de la UE y según los planes de las diferentes cuencas. En concreto, agradeció las pautas de trabajo puestas en marcha por la Consejería, que se utilizará también en los próximos meses, cuando saldrán a información pública los planes hidrológicos. Por último, se refirió a las regulaciones del plan vigente en el que trabaja su departamento en las subzonas del Órbigo, Carrión y Cega.

Igualmente, el presidente de la CHE, Raimundo La Fuente, destacó la necesidad de «aunar voluntades» y recalcó que del agua «se preocupa uno más cuando escasea», a pesar de ser un «bien económico que redunda y fija población» El máximo responsable de la Confederación del Miño-Sil, Francisco Marín, se sumó a esta colaboración institucional que «llevará a un éxito político que se transformará en una ley de gran importancia» y que seguramente el próximo año se tramite en las Cortes Generales. Para concluir, el presidente de la CHT, Juan Carlos de Cea, consideró que se trata de un «asunto de Estado» y que requiere seriedad en los avances «gobierno quien gobierne». «Tenemos que llegar a acuerdos a todos los niveles y con todos los colores políticos», finalizó.