«Castilla y León ha mejorado en estos 35 años con lealtad al Estado de derecho»

Dionisio Llamazares (Yugueros, León, 1936) es el primero en tomar la palabra. A él le correspondió presidir las Cortes de Castilla y León en la primera legislatura (1983-1987) cuando todo estaba por hacer. «Las Cortes que conocí poco tienen que ver con las actuales. Cuando salimos del acto de constitución en Tordesillas éramos 84 procuradores que no teníamos nada, ni siquiera un lugar donde reunirnos. Partíamos de cero y echamos a volar la imaginación. Ahora, y después de muchos años fuera de la comunidad, me agrada ver cómo aquella sociedad cerrada, intolerante, de tonos oscuros ha dado paso a una sociedad muy tolerante, abierta y con ganas de vivir. Esa es la nueva visión de Castilla y León que ya se ha consolidado».

Manuel Estella (Salamanca, 1939) presidió las Cortes entre 1991 y 2003 y recuerda la gestión del Estatuto como «un proceso lleno de dificultades». «En Castilla y León éramos 11 provincias, pero Logroño y Santander se marcharon en seguida. Siendo esta la región más histórica, fue la última en acceder al estado de las autonomías. Llegamos con retraso y eso nos perjudicó. Al presidente Llamazares le tocó poner los pañales al recién parido. El Estatuto ha sufrido reformas muy necesarias, pero queda mucho por hacer. No hay una conciencia regional, hagamos lo que hagamos. No veo que en Castilla y León exista una identidad conjunta de las nueve provincias. Es un problema que no sé si se podrá resolver en el futuro».

Dionisio Llamazares, por su parte, ahonda en este asunto de la falta de una «identidad diferenciada», pero ve como un «acierto» el hecho de que Castilla y León no haya utilizado «como arma de desarrollo de la comunidad el agravio hacia los demás». «La idea de comunidad no se forma de la noche a la mañana, sino que llega muy lentamente. Si evitamos el defecto de las conciencias identitarias habremos logrado algo muy importante».

Silvia Clemente (La Velilla, Pedraza, Segovia, 1967) forma parte del escenario político actual y preside las Cortes desde 2015 en un entorno parlamentario más fragmentado. Clemente recuerda que Castilla y León ha utilizado el autogobierno «en el mejor de los sentidos: con un acercamiento de las competencias a los ciudadanos». «Coincido en que nuestra comunidad ha acertado porque nuestros servicios básicos están entre los mejores del país: educación, servicios sociales y sanidad. El mejor sistema educativo de España lo tiene Castilla y León. El Informe Pisa señala que hay un uso eficiente de los recursos públicos. Tenemos una sanidad que está por encima de la media nacional y unas prestaciones sociales calificadas como sobresalientes. En los últimos años, se ha demostrado que las comunidades autónomas que se han basado en las cuestiones identitarias no son las que mejores servicios ofrecen a sus ciudadanos. Es una evolución de 35 años que Castilla y León ha hecho con lealtad al Estado de derecho y a la Constitución española».

Manuel Estella pone algún asterisco crítico, con la visión del expolítico alejado de la primera línea y habla de «dos fracasos»: «El sistema de financiación autonómica y el sistema de organización territorial». Silvia Clemente aduce que la financiación autonómica «le corresponde al Estado». «No se ha querido abordar y, por las trifulcas que nos plantean desde otras comunidades autónomas, no se le dedica el tiempo necesario. El problema perjudica a varias comunidades que exigen un nuevo modelo de financiación autonómica. La ordenación del territorio está ligada a la necesidad de corregir la despoblación y es otra necesidad».

Manuel Estella, convertido en una especie de 'Pepito Grillo' en esta parte del debate, saca a colación «el problema» que supuso la fallida fusión de las cajas de ahorro en Castilla y León. Silvia Clemente asume que es «otra derivada que afecta negativamente» a la comunidad. «Hubo una voluntad de las propias cajas, que tenían autonomía para hacerlo, con independencia de que desde el gobierno regional se intentara que hubiera un único músculo financiero. Sin embargo, toda la fuerza no la tenía el poder público. Las entidades financieras contaban con su propia capacidad de decisión y optaron por otros caminos».

El moderador, Carlos Aganzo, plantea a los participantes si el Estatuto de Autonomía de Castilla y León necesita reformas. Para Silvia Clemente, la norma institucional «cubre sobradamente todas las capacidades y competencias que tiene que desarrollar Castilla y León». «Desde un punto de vista normativo, las necesidades están cubiertas. Se puede abordar una reforma para determinadas cuestiones que se han planteado en el debate público: aforamiento de procuradores, corrupción de los partidos políticos... Pero tiene que haber consenso. Cualquier reforma tiene que recoger todas las sensibilidades políticas y eso es complicado en este momento».

Dionisio Llamazares considera que «se ha remado en la buena dirección» y recuerda los inicios normativos. «Yo tuve que tomar decisiones en un primer Estatuto de Autonomía que tenía sus puntos débiles. Por ejemplo, circunscribía la actividad de las Cortes a 120 días al año. Los reduccionistas se lanzaron a decir que trabajábamos cuatro meses como si estuviéramos de vacaciones el resto del año. Hicimos una interpretación: 120 días, pero repartidos en dos periodos de sesiones. Creó problemas en nuestro grupo [el socialista]. La Ejecutiva Federal me llamaba para pedir explicaciones y yo no les convencía...».

Una vez constituidas las Cortes y la Mesa en 1983 en Tordesillas, los procuradores se reunieron por primera vez en Segovia. «Fuimos al Alcázar, porque nos pareció simbólicamente interesante», evoca Llamazares. «Había quien defendía la peregrina tesis de las Cortes itinerantes. Aquello no tenía sentido. Fue difícil resolverlo. Por más vueltas que le daba, no encontraba una sede en Valladolid hasta que el entonces presidente de la Diputación, Paco Delgado, me dijo: 'oye, por qué no miras en el Castillo de Fuensaldaña, que lo tenemos muerto de risa. A lo mejor te sirve'», rememora Dionisio Llamazares.

La actividad parlamentaria castellana y leonesa ha sido fecunda en consensos «para asuntos importantes». «En mi etapa se solucionó el problema de la actividad parlamentaria al desaparecer del Estatuto la prohibición de los 120 días parlamentarios y la prohibición de pagar cantidades a los procuradores», expone Manuel Estella. «Con la reforma de 1992 asumimos un paquete de 30 competencias que no teníamos. La más fecunda fue la segunda reforma del Estatuto, que también piloté. Se crearon nuevas instituciones de autogobierno, con la figura del Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, la cuestión de confianza, la posibilidad de que el presidente de la Junta pudiera disolver anticipadamente las Cortes... cuestiones muy importantes que llegaron por consenso. En mi mandato también quedó firmada la constitución de Villalar y la cesión de parcelas para las nuevas Cortes por parte del Ayuntamiento. Creo que fue la época más fecunda y la más importante».

Silvia Clemente ha visto la transformación del parlamento regional en primera persona, con la irrupción de nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos. «Ha cambiado mucho. Ahora hay más voces y eso supone más conflictos. Pero, más allá de los grupos políticos, hay una circunstancia decisiva: que no exista una mayoría absoluta. Cuando uno la ostenta, el consenso no es imprescindible, pero ahora sí, al menos con algunos de los grupos políticos. A mayor número de sensibilidades, más dificultad para llegar a acuerdos. Sin embargo, los datos nos dicen que ahora hay un 50% más de acuerdos que en la legislatura anterior. Es el mismo panorama que en el Congreso y el Senado (las Cortes Generales) y en otros parlamentos autonómicos. Además, se ha incrementado el número de iniciativas: 16.000 frente a las 10.000 de la anterior legislatura. El debate resulta intenso, pero somos un ejemplo de actividad política», constata Silvia Clemente, que cita los acuerdos para reivindicar una mejor financiación autonómica, el apoyo a industrias en dificultades o la demanda de mejoras sociales.

Otro punto del debate se centra en la visión castellana y leonesa en un momento decisivo en España, con el desafío independentista catalán al Estado y una posible reforma de la Constitución. Dionisio Llamazares considera que la comunidad debería preguntarse cuál ha sido la actitud de Castilla y León al respecto. «Nos olvidamos de que el proceso general es responsabilidad de todos, no solo del gobierno del Estado. Todas las comunidades son solidarias de ese proceso. ¿En qué medida nuestra comunidad ha tenido una respuesta adecuada? ¿En qué medida me puedo sentir responsable de lo que está pasando?».

Silvia Clemente admite que el asunto resulta «complejo» y que se plantea de forma recurrente si la Constitución puede ser la respuesta a los problemas territoriales que se suscitan. «No es un problema de algunos, sino de todos los españoles. La Constitución ha propiciado el marco para el desarrollo de nuestro país. Podemos opinar si se podía haber hecho mejor o peor, pero la Constitución ha llevado al progreso en todos los niveles. Digo lo mismo que con el Estatuto:la reforma solo se puede hacer desde el consenso de todas las partes, incluidas las comunidades autónomas, que son las que garantizan el estado social y de derecho. Habrá que clarificar que España no roba a Cataluña porque sin España no se podrían pagar pensiones, sistema sanitario, educación... La reforma requiere un consenso adecuado y para cuestiones importantes, pero si ni siquiera es posible aprobar unos Presupuestos malamente se podrá aprobar una reforma de la Constitución...».

Estella observa «un problema en el modelo autonómico». «Mucha gente piensa que algunas competencias tendrían que haberse quedado en el gobierno central, como la educación o la sanidad. Y eso genera otro problema institucional:es difícil progresar con 17 parlamentos autonómicos, 17 presidentes... Esa es la idea que se respira en la calle».

Para cerrar el debate, los tres participantes señalan los logros y algunos asuntos pendientes. Estella apunta al importante patrimonio histórico de Castilla y León, el coste que supone mantenerlo y la necesidad de contar con un himno que prevé el Estatuto. Llamazares subraya que la cultura es el «patrimonio fundamental» de la comunidad. «No es casualidad. De niño, la única posibilidad que veía para liberarme de la mina era el estudio. Es un acierto no haberse andado con contemplaciones a la hora de conservar el patrimonio».

Clemente resalta cómo 35 años de autogobierno han servido para «generar bienestar», con una renta per cápita que se ha duplicado, un PIBque ha crecido un 50% y un nivel de industrialización por encima de la media. «Hemos recuperado nuestro patrimonio y se han mejorado los espacios naturales. Nuestra riqueza tiene mucho recorrido. La extensión del territorio es un hándicap para combatir la despoblación, pero también un valor para potenciar todos nuestros recursos».

«Larga vida al Estatuto», rubrica Manuel Estella.

«Larga vida a Castilla y León», concluye Silvia Clemente.