Castilla y León, Galicia y Madrid reafirman su compromiso con la vigencia del Estado de las Autonomías

Además, «destacan su apoyo al Gobierno de España para que dé continuidad a la Conferencia de Presidentes y al seguimiento de sus acuerdos» y señalan que «cualquier intento de modificar el modelo autonómico que nos hemos dado entre todos debe hacerse fraguando los necesarios consensos para impulsar una reforma constitucional, en su caso, y bajo las garantías que el propio orden constitucional vigente establece».

«Solo bajo esas premisas, de respeto debido a la norma fundamental, es posible alumbrar un futuro libre de las graves tensiones y enfrentamientos que han caracterizado el debate territorial en los últimos tiempos. Unos enfrentamientos que socavan las bases de nuestra democracia y que ponen en serio peligro el ejercicio de los derechos fundamentales y de la libertad de todos los ciudadanos», afirman.

Reunidos en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el I Encuentro de los Gobiernos de Galicia – Madrid – Castilla y León, los tres presidentes han declarado asimismo la necesidad de «promover un nuevo modelo de financiación autonómica que se fundamente en los principios de suficiencia, solidaridad, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, en función del coste efectivo de los mismos».

Precisan en este ámbito que «dada la especial importancia cualitativa y cuantitativa de las políticas de gasto sanitario dentro de las competencias autonómicas, dicho modelo debería tener en cuenta las principales variables determinantes de su coste y evolución».

Al mismo tiempo, subrayan «la necesidad de fortalecer el papel de las entidades locales, para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad» y apuestan por «una nueva norma reguladora de las haciendas locales que les permita disponer de ingresos suficientes para hacer frente a los servicios que han de prestar y al ejercicio de las funciones y competencias que tienen atribuidas».

Las tres comunidades se declaran «conscientes de la importancia que para sus ciudadanos comporta la suma de esfuerzos entre administraciones autonómicas» y de estas con el Estado, «en una dinámica de lealtad institucional» y en el marco de un sistema autonómico que, «más que recrearse en títulos del pasado, gane día a día su legitimidad mejorando la calidad de vida de todos y facilitando a todos el acceso a los servicios públicos fundamentales».

Por ello, se proponen con esta declaración «perfeccionar la colaboración de los últimos años entre la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia un ámbito amplio de intereses comunes que pueden ir más allá del marco tradicional de la colaboración, mediante la articulación de una alianza estratégica que potencie sus relaciones de cooperación de forma estable».

Además, en el actual escenario económico, consideran oportuno «aprovechar la potencialidad de la alianza de las tres comunidades que conforman este espacio que forma una continuidad territorial e integra el centro y el noroeste peninsular para impulsar y promover conjuntamente el desarrollo de actividades empresariales y económicas, en particular la vinculadas al sector de la movilidad, el transporte y la logística, mediante una estrategia enfocada a las próximas demandas industriales y comerciales de este espacio».

En particular, destacan «el interés común de la conexión del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad L.A.V. Madrid-Galicia que permitirá articularse con el Eje Atlántico en Galicia« y que «al actual diseño del trazado español del Corredor Atlántico se incorpore la conexión ferroviaria con los puertos marítimos gallegos a través de las Comunidades de Castilla y León y Madrid».

Para dar una respuesta a los principales retos a los que se enfrentan, las tres comunidades establecen como «ejes estratégicos de actuación» el «desarrollo económico, cultural y medioambiental», los «servicios públicos esenciales y de emergencias» y la «coordinación en asuntos claves de la política autonómica».

Mientras al último apartado corresponden las consideraciones referidas a la «vigencia del Estado de las Autonomías» y la financiación autonómica, en el primero incluyen el propósito general de «impulsar el Eje Madrid – Castilla y León – Galicia, como motor de desarrollo y dinamización económica» y los compromisos concretos de «promover y apoyar la celebración anual de un foro económico y social de las tres Comunidades, con participación de los agentes económicos y sociales»; impulsar la Estrategia Nacional frente al reto demográfico; coordinar acciones en materia de conservación y difusión del Camino de Santiago de Madrid y su confluencia con el Camino de Santiago Francés y «estudiar proyectos culturales, medioambientales y turísticos comunes», específicamente en el ámbito de los museos. También, establecer mecanismos de colaboración entre las estrategias de comunicación de sus respectivas «marcas» –Marca Territorio Castilla y León, Galicia Calidade y M de Madrid-; coordinarse en la gestión de parques y espacios naturales, especialmente en las zonas limítrofes e impulsar un marco estable de intercambio de conocimiento orientado al desarrollo de políticas de mitigación y adaptación frente al fenómeno del cambio climático».

En el apartado de Servicios públicos esenciales y de emergencias, expresan que «ha llegado el momento de analizar y preparar nuevas propuestas y espacios de colaboración que se incluirán en una segunda generación de los convenios ya suscritos». Así, proponen como objetivos concretos «perfeccionar la colaboración que se viene realizando entre los servicios públicos de salud de las tres comunidades autónomas», también para la realización de prácticas universitarias de alumnos de las facultades de Enfermería y Medicina; coordinar actividades relacionadas con la movilidad de los ciudadanos y establecer «mecanismos de colaboración en favor de la calidad de los servicios públicos de educación, servicios sociales y los servicios de emergencias», con «especial énfasis en el adecuado tratamiento y protección de las mujeres víctimas de la violencia de género que se trasladen entre las tres comunidades autónomas».

Los tres gobiernos autonómicos convocarán sus comités de enlace y coordinación en el plazo de dos meses para seguir la ejecución de los acuerdos adoptados y evaluar su compromiso.