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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cifró este miércoles en 898 los incendios registrados en Castilla y León desde principios de año y hasta la actualidad, una cifra que supone un descenso del 52% respecto a la media ... del último decenio. De esta manera, Suárez-Quiñones, que compareció por petición propia en las Cortes para hacer balance de la temporada de incendios de 2018, no dudó en calificar la temporada como «excelente» y como «el mejor año de la serie estadística de Castilla y León desde 1984», según informa Ical.
Suárez-Quiñones recordó que la media de incendios del último decenio fue de 1.852, muy por encima de la cifra alcanzada este año, algo que atribuyó no solo a las buenas condiciones climatológicas, sino también a la concienciación social y a la eficaz actuación del operativo de extinción. Asimismo, el consejero elogió que por primera vez se ha situado la cifra de fuegos «por debajo del millar» ya que habría que remontarse al año 1984 para encontrar datos mejores, cuando se contabilizaron 944 fuegos. Además, Suárez-Quiñones reconoció que esos datos estadísticos «no son muy fiables». Para encontrar el segundo mejor año de la serie estadística habría que remontarse a 2010, cuando fueron 1.155 los fuegos registrados.
En referencia a los conatos, es decir, los incendios con menos de una hectárea afectada, alcanzaron el 72%, ya que solo un 28% superaron esta superficie calcinada, frente a una media del decenio del 40%. En cifras absolutas, esto se traduce en 254 incendios de más de una hectárea frente a los 739 de media de la última década.
En cuanto a la superficie forestal quemada, este año fueron un total de 2.730 hectáreas, lo que supone un descenso del 86% respecto a la media del último decenio, que fue de más de 19.000 hectáreas. Se trata del año con menor superficie quemada, según informó Suárez-Quiñones, con solo un 14% de la media del decenio, así como la mitad de lo que se quemó el mejor año siguiente, que fue 2014, con 4.646 hectáreas calcinadas. De la misma forma, el consejero recordó que desde el año 1984 solo se había estado por debajo de las 10.000 hectáreas en cuatro ocasiones: en 2007, con 5.631 hectáreas; en 2010, cuando se quemaron 8.845 hectáreas; en 2016, con 8.899 hectáreas; y ahora el año 2018.
En lo que se refiere a las hectáreas arboladas, este año se vieron afectadas un total de 454 hectáreas, es decir, un 91% menos que la media del decenio, que fue de 5.007 hectáeas. «Es el año con menor superficie arbolada quemada junto a 2007», cuando fueron 450 las hectáreas afectadas. Esto significa también que se han quemado 9% de la media del decenio, y menos de la mitad del siguiente mejor año, que fue 2014, cuando ardieron 1.081 hectáreas.
Igualmente se ha registrado un descenso en el número de incendios durante todos los meses del año, en especial durante marzo, que suele ser el periodo en el que se registran más fuegos. En esta ocasión, en este mes se contabilizaron 37 fuegos, cuando la media del decenio asciende a los 300; mientras que los meses de julio y agosto también estuvieron muy por debajo de la media del decenio.
Desde principios de año solo se produjeron ocho activaciones de niveles del Infocal frente a la media de 40 de años anteriores. En concreto, se materializaron dos activaciones del nivel 2, en Santa Colomba de Curueño (León) en el mes de mayo -que ha sido el único gran incendio forestal de este año con una superficie afectada de más de 500 hectáreas-, y otro registrado de forma simultánea en Navaluenga y Casavieja, en la provincia de Ávila.
Aunque los números son «favorables», Suárez-Quiñones no quiso hacer gala de ningún «triunfalismo», sino que recordó que se trata de datos objetivos. Lo que sí puso de manifiesto fue un descenso de las negligencias registradas en el uso del territorio, e insistió en que 93 de los 898 incendios fueron generados por causas naturales, es decir, un 10,4%, casi el doble de la media del decenio. Además, 206 incendios fueron provocados por incendios forestales; 524, es decir, el 58,4% fueron intencionados; y en 60 incendios se desconocen las causas o fueron reproducciones de fuegos anteriores.
Por territorios, el consejero reconoció que la zona oeste de Castilla y León y también la provincia de Ávila siguen albergando la mayor parte de la siniestralidad forestal de la comunidad, ya que en estas zonas se han registrado este año el 75% de los casos y ha aglutinado el 95% de la superficie arbolada afectada.
Y aunque las condiciones meteorológicas han sido favorables, Suárez-Quiñones recordó que también en agosto y septiembre se alcanzaron temperaturas por encima de los valores habituales, a lo que hay que sumar precipitaciones bajas en esa época del año, a pesar de lo que no se registraron grandes incendios, algo que el consejero atribuyó también a la concienciación social.
El consejero no quiso olvidarse del operativo que ha participado en las tareas de extinción de incendios, tanto el personal público (el 60%) como las empresas que colaboran en temporada de riesgo alto, y que elevan a 4.669 los efectivos, es deicr, 240 más que en el año 2015.
En materia de personal, Suárez-Quiñones reconoció que todos los contratos son plurianuales y todas las plantillas están contratadas al inicio del tiempo de riesgo alto, con un «importante» plan de formación para todo el operativo. Además, el consejero recordó ampliamente las tareas de renovación y mejora de los medios personales, materiales y tecnológicos que se han acometido para una mayor comodidad de los trabajadores y eficacia en la extinción de incendios.
Por otro lado, el consejero también aludió a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal fijo discontinuo que se materializó a finales del pasado mes de octubre, lo que ha permitido la creación de 74 puestos de trabajo, así como la ampliación de dotaciones personales y materiales. Suárez-Quiñones recordó que se trata de un acuerdo con una duración de tres años, de manera que las mejoras serán «permanentes y definitivas» gracias a una inversión de 5,5 millones de euros en estos años «con mejoras consolidadas».
En materia de colaboración, Suárez-Quiñones cifró en 1.924 las intervenciones de los medios de Castila y León en 33 incendios de otras comunidades y Portugal, de ellas el 35,6% en incendios forestales, a lo que hay que sumar 497 falsas alarmas. De forma recíproca, se recibió apoyo de mancomunidades y diputadciones, y también de la Comunidad de Madrid, aunque solo en el 5,7% de las ocasiones se necesitó la intervención de los medios del Estado.
Por último, el consejero hizo referencia a la importancia de seguir trabajando en el «refuerzo» del operativo mediante mejoras tecnológicas, formación, gestión o personal, acompañado por la responsabilidad de la sociedad para consolidar la tendencia a la estabilización que se está alcanzando en los últimos años, en los que no se están produciendo tantos «dientes de sierra» como venía siendo habitual.
Ante las críticas de algunos grupos de la oposición, el consejero de Fomento y Medio Ambiente reconoció que la provincia de León, y más concretamente el oeste de la comunidad, aglutina «una parte relevante» de la problemática en materia de incendios, pero recordó que en la comarca del Bierzo, una de las tradicionalmente más castigadas, se han instalado nueve cámaras de vigilancia y ya se avanza en la segunda parte del despliegue para alcanzar las 20 cámaras que permitan contar con un «equipamiento completo».
Suárez-Quiñones recordó que son 41 las cámaras instaladas en Castilla y León: las nueve aludidas en El Bierzo, 21 en la provincia de Soria y once en Zamora. Además, explico a los grupos de la oposicón que este sistema «funciona» y auguró que funcionará «mejor» cuando se complete el equipamiento, lo que permitirá el control del 80% de la superficie forestal de la comarca del Bierzo.
El procurador del UPL en la Comisión de Fomento, Luis Mariano Santos, no negó los datos de la campaña de incendios de 2018, pero lamentó que un año más el oeste de la comunidad y Ávila hayan sido las provincias más afectadas y vuelvan a liderar «este triste campeonato». Por eso, pidió que se reconozca que no en todos los territorios se consiguen los niveles de concienciación deseados y reclamó medidas que permitan sentenciar que «quemar el bosque no es gratis». Además, hizo alusión a la situación después de un incendio, y en este sentido se refirió a la comarca de La Cabrera, afectada el año pasado por un gran incendio, donde reclamó la llegada de las ayudas anunciadas, ante lo que el consejero respondió que se está haciendo «un importante esfuerzo» además de que se continuará actuando en la zona.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado desechó cualquier tipo de «triunfalismo» y dudó de que se haya alcanzado una mayor concienciación ciudadana en materia de incendios. Además de que pidió más datos sobre las cámaras en la comarca del Bierzo, también solicitó que no haya tanta impunidad para los acusados de quemar el bosque sin restituir el daño causado. Por ello, y aunque reconoció que ha sido «un buen año», abogó por «no dormirse en los laureles» y por trabajar en años como este con la vista puesta en «años peores».
El procurador del Grupo Parlamentario Podemos, Ricardo López, estimó que los incendios le pillan a la Junta «con el pie cambiado» porque fue en mayo cuando se produjo el único gran incendio de la temporada, momento en el que «no había ninguna cuadrilla», ante lo que el consejero recalcó que el operativo del Ejecutivo está operativo durante todo el año aunque con «distinta dimensión» cuando el riesgo no es el mismo. Sin embargo, desde Podemos lamentaron que la Junta esté apostando por la extinción, «poco» por la prevención y «nada» por la recuperación de las zonas afectadas.
Por parte del Grupo Socialista, el procurador José Luis Aceves reconoció que el informe ofrecido por el consejero fue «muy prolijo» pero «muy alejado de la realidad del territorio» y aunque el año pasado se habló de datos «nefastos», este año pidió «prudencia». Y aunque afirmó que se ha mejorado en presupuesto en la presente legislatura, no se llega «ni con mucho» a las cifras que había en la materia en Castilla y León antes de la crisis, además de lamentar que no haya medios de extinción preparados «durante todo el año».
Por último, la procuradora del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Blanco, puso en valor los «buenos datos» contabilizados este ño y evidenció las «mejoras» aplicadas, entre las que se refirió a la modificación de la RPT, la recuperación de los contratos plurianuales, entre otras. Además pidió concienciación «de que no se puede prender».
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