Castilla y León busca la fórmula para restringir la movilidad si es preciso

A partir del sábado a las 23:59:59 –el BOE pone las 00:00 del sábado, pero es menos confuso así– no habrá estado de alarma. «Nosotros no podemos limitar la movilidad. Podemos solicitar al Gobierno que nos ayude a limitar», decía la consejera de Sanidad. E incluso esta limitación tendría que obedecer, por fuerza, a causas sanitarias muy bien argumentadas y debería contar con un respaldo judicial.

La herramienta que suplirá al estado de alarma es la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aprobada en 1986, y modificada el pasado 12 de marzo en lo relativo a garantizar el stock de determinados medicamentos. Esta ley, unida a la de Salud Pública, son las nuevas bazas legales contra el coronavirus. «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible», dice la normativa sobre emergencias sanitarias.

El artículo 19 de la Constitución Española –«los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional»– se convierte así en infranqueable salvo por motivos estrictamente sanitarios, argumentados y con unas restricciones que no pueden afectar al conjunto de los ciudadanos, como sí ha ocurrido hasta ahora.

Verónica Casado explicó por dónde van las intenciones de la Junta de Castilla y León en este sentido: «Podemos hacer como pasó con Miranda de Ebro, no la acordonamos pero sí establecimos limitaciones que hicieron que la localidad se mantuviera de manera estable. Eso lo permite la ley de salud pública», explicó la consejera de Sanidad.

Entonces, la Junta se basó precisamente en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para imponer medidas restrictivas especiales en la localidad burgalesa, donde se había registrado un brote importante de covid-19. Se suspendieron actividades educativas, consultas médicas, acceso de visitantes y acompañantes a los centros sanitarios y residencias –salvo uno al día y por espacio de una hora–, actividades presenciales de «centros cívicos, centros deportivos, gimnasios, academias, bibliotecas, albergues juveniles, ludotecas, espectáculos públicos».

Estas y otras medidas supusieron un confinamiento exprés de una localidad que amenazaba con convertirse en un foco duro de la pandemia en el territorio regional. Se llegó a suspender incluso el transporte público«de titularidad municipal».

Y añadía el Boletín Oficial de Castilla y León: «En supuesto de que sea necesario adoptar medidas preventivas de intervención sobre las personas, serán adoptadas por las autoridades sanitarias [...]. Para asegurar el cumplimiento de las indicaciones de aislamiento o cuarentena, se solicitara, en caso de que sea preciso, el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado».

La orden publicada en el Bocyl concluía con la encomienda a los servicios jurídicos de la Junta de que tramitaran «la ratificación judicial de la medidas preventivas de carácter coercitivo».

Y esas serían las mismas herramientas a utilizar si hubiera que controlar una determinada zona. La ventaja, explicó Verónica Casado, es que Castilla y León sigue vigilando por zonas básicas de salud. De este modo, si se detecta un rebrote relevante, «con transmisión comunitaria», en una determinada zona, se puede decidir limitar o confinar esa zona, sin perjudicar al resto de la provincia o de la comunidad.

Claro que esto contiene una advertencia. Si la zona básica del rebrote es un municipio grande –Pajarillos en Valladolid, por ejemplo–, se confinaría toda la ciudad. Y eso implica restricciones a la actividad, cierre de espacios públicos... Vuelta a empezar.

«El hecho de haber decidido que nuestra unidad de atención sea la zona básica de salud nos permite que, si se dan brotes de transmisión comunitaria y no de contención, nos permitiría no tener que cerrar toda una provincia, sino el municipio, en el caso de las ciudades, o la zona básica de salud afectada», aclaró Casado. Y avisó: «Todas las medidas de una posible reescalada deben estar siempre encima de la mesa en tanto tengamos el coronavirus entre nosotros».

Y que sigue aquí es, después de 93 días, la única certeza que existe sobre el dichoso virus.