Castilla y León batió su récord en 2017 con 18.000 contratos para discapacitados

Para Alicia García, esta cifra permite «normalizar» a las personas que padecen algún tipo de discapacidad a través del empleo, que es una de las tres estrategias que viene impulsando su consejería en este ámbito. Las otras dos son el principio de «más recursos», como se refleja en los 140 millones de euros invertidos en las personas con discapacidad este año, así como el criterio de «más apoyos», este último a través de la aprobación de la Estrategia de Discapacidad que «pone por delante el proyecto de vida, el empoderamiento, la autodeterminación y la capacidad» de las personas que forman parte de este colectivo.

«Estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo –subrayó la consejera– a través de los itinerarios de inserción socio-laboral, en los que participaron 4.000 personas y 2.000 encontraron empleo, o a través de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, donde el 82 por ciento de los contratos contemplan este tipo de cláusulas», explicó Alicia García, quien también incluyó entre estas acciones la reserva de contratos en los 209 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León, que dan trabajo a 5.462 personas con discapacidad, lo se tradujo en un incremento del 11,8% en el número de trabajadores en comparación con el año anterior y un 41% más de los empleados que había en el año 2012, cuando comenzó esta iniciativa.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también englobó entre las medidas a desarrollar la inclusión de cláusulas sociales en las subvenciones y la potenciación de la asistencia personal, al ser «una figura fundamental» en la que también trabaja el CERMI a nivel regional. Además, García derrochó sinceridad cuando reconoció que la brecha salarial perjudica especialmente a las personas con discapacidad.

El presidente estatal de CERMI, Luis Cayo, alabó la labor que lleva a cabo la Junta y explicó que su organización agrupa a más de 8.000 asociaciones no lucrativas que representan a los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, de los que dos millones carecen del certificado oficial de discapacidad. Eso sí, la cifra se eleva hasta los 12 millones si se consideran personas afectadas por la discapacidad a los familiares.