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«Espero que sea algo puntual», decía Verónica Casado, consejera de Sanidad, al lanzar el dato de casos sospechosos o confirmados que registra el sistema Medora, y que se ha convertido en el indicador más fiable de la evolución de la pandemia del coronavirus. ... «832 en Castilla y León». Una barbaridad. Sobre todo porque la serie venía de cifras mucho más bajas... Aunque irreales.
Los datos de Atención Primaria siempre vienen condicionados por los fines de semana y este último, con el viernes festivo incorporado, resultaba más atípico que otros. El 1 de mayo se anotaron 209 casos. El sábado, 2 de mayo, otros 212. Y el domingo, 3 de mayo, 127.
Y de pronto, bum, vuelta a romper la barrera de los ochocientos, algo que no ocurría desde el 27 de abril. Otro lunes. Y no un lunes cualquiera. El lunes después de aquel domingo en que los menores pudieron regresar a las calles a dar paseos cerca de casa.
Coronavirus en Castilla y León
Verónica Casado sabe que la prueba del ocho, la fetén, es hoy. Y será mañana. Cuando se conozcan los datos de casos sospechosos y confirmados del martes y el miércoles. Cuando se registrarán los que se han podido producir como consecuencia de las medidas de relajación del confinamiento del primer fin de semana. «Cada vez que incorporamos una medida, a los 7-10 días podemos ver el impacto que ha tenido», repetía ayer Casado.
El efecto lunes es una realidad que se percibe en una ojeada a los datos de incidencia acumulada en Atención Primaria. La serie muestra un patrón. Los lunes el dato es el más potente de la semana. De martes a viernes se establece una tendencia con números muy similares entre sí. Se produce un descenso brusco los fines de semana. Y vuelta a un lunes estadísticamente 'dramático'.
Si se eliminan las anomalías, es decir, los fines de semana, el festivo del 1 de mayo y los lunes, lo que dejan entrever los 'días laborables' es una media que tiende a la baja. En la primera semana de abril, esa media era de 1.448 casos detectados al día. En la segunda semana se rebajó hasta 1.173, para caer a los 1098 en la tercera semana. En la cuarta semana, excluido también la fiesta de Villalar (282 casos en una serie por encima de 800), el promedio fue de 854.
Los tres días 'válidos' de la semana pasada, martes, miércoles y jueves, dejaron una media de 662 casos.
Esto significa que el descenso promedio de las últimas dos semanas se ha situado en el 22% aproximadamente de la cifra anterior. Las semanas anteriores el descenso fue menor, pero para entonces habían aumentado considerablemente las pruebas de detección, lo que también incidía en las cifras, en este caso 'a favor' del virus. Para que Castilla y León siga esa tendencia de descenso continuado, y el dato de este lunes quede en un espejismo producto del puente, la media de casos registrados en Medora entre el martes y el viernes debería ser de entre 500-530.
«Esperemos que sea efecto 'in de semana más 1 de mayo' , pero la preocupación es máxima», respondía Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, en Twitter.
Si la cifra de los próximos días se mantiene por encima de los 650 y se acerca a los 800 de nuevo, supondrá que efectivamente ha habido un impacto negativo de la salida de menores a la calle.
Y lo que es peor. Aún quedará por comprobar cuál es la consecuencia, en cuanto a contagios, de las medidas de relajación de la fase cero que se inició el pasado fin de semana. Para eso habrá que esperar, al menos, a mediados de la semana que viene. Y para entonces, si nada falla, ya habrá 26 zonas básicas de salud de Castilla y León, 53.500 habitantes entre todas ellas, inmersas en la fase 1. Y aquí llega el otro gran problema que se plantea hoy. El Gobierno busca la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Diferentes analistas creen que no sería necesaria para continuar con muchas de las medidas restrictivas que ya se han planteado, puesto que existen otras leyes que podrían surtir el mismo efecto. Una negativa afectaría, concluyen, al mando único, principalmente, con lo que las autonomías recobrarían poder de decisión. En ese caso, Castilla y León viviría muy pendiente de las acciones que pueda realizar Madrid, que ha sido, junto con Barcelona, uno de los dos grandes focos epidémicos. Porque surgen las dudas de si las leyes ordinarias permitirían restringir la movilidad, que es un derecho fundamental, especialmente entre comunidades autónomas.
Comenzar la desescalada por zonas más pequeñas que el territorio provincial tiene como objetivo que esos territorios, que aglutinan a unos cuantos municipios del medio rural, pueden recuperar algunas rutinas y servir, además, para medir la capacidad del sistema para rastrear casos positivos y sus contactos, aislar a los infectados y coordinar una respuesta sanitaria rápida sin colapsar el sistema sanitario. «Es más fácil hacerlo con 50.000 habitantes que con 250.000», aclaraba Igea el día anterior.
Esta decisión obliga, sin embargo, a que la movilidad siga restringida para ser efectiva. Si acabar con el estado de alarma implica no poder evitar los desplazamientos entre comunidades, Segovia, Ávila y Soria volverán a tener problemas. Incluso, en este caso, Zamora, donde ya se contabilizan cinco zonas básicas sin casos desde hace más de 7 días. Según el Instituto Nacional de Estadística, 36.721 zamoranos residen en la comunidad de Madrid y otros 19.057, en el País Vasco. Son muchas las familias con segundas viviendas en municipios que tradicionalmente multiplican su población en época estival con el retorno momentáneo de los 'hijos del pueblo'. Localidades que ahora, en fase 1, si no se garantiza su estanqueidad, pueden atraer el riesgo.
Lo que va a costar la pandemia es algo que por ahora, más allá de cálculos 'grosso modo', resulta impredecible. Lo que está costando empieza a verse cuando se comparan cifras. Verónica Casado, consejera de Sanidad, aportó ayer una de esas comparativas. «La nómina de marzo [de Sanidad] han sido 9 millones más que en 2019, y en abril, 12 millones más», señaló. Eso es debido a los contratos que han tenido que hacerse para poder completar las plantillas de los hospitales, por ejemplo. Pero además se han tenido que invertir «5 millones de euros en alta tecnología»; esto es, respiradores, aparatos radiológicos portátiles.
Y a eso hay que añadir los 90 millones que se van a invertir hasta final de año en equipos de protección individual, una cantidad de la que se ya han gastado en torno a 40 millones. Otros cincuenta se han previsto para lo que queda de 2020.
Todas estas cantidades, al margen de lo que puedan suponer las subvenciones y ayudas a colectivos vulnerables, un epígrafe en el que empieza a caber prácticamente todo el mundo. La pandemia destroza así cualquier previsión económica que puedan tener las autonomías, que suspiran por recibir la financiación adecuada para poder sobrellevar todos estos gastos imprevistos. Y no solo del Gobierno, sino también de la Unión Europea.
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