Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, se ha mostrado convencido de que las entidades financieras darán una respuesta «responsable» a la crisis económica a la que aboca la covid-19. Carriedo ha señalado en las Cortes de Castilla ... y León, donde ha explicado las actuaciones ejecutadas por su departamento ante la pandemia del coronavirus que los bancos «no pudieron, por su propia situación, ayudar» en la crisis de 2009 y «tienen ahora la oportunidad de compensar a la sociedad», en referencia a las inyecciones millonarias de fondos públicos que tuvieron que emplearse en rescatar cajas de ahorro y bancos.
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El consejero ha defendido la gestión de apoyos a empresas y en agilización de tramitación y pagos de las compras urgentes de material sanitario que ha tenido que afrontar la Junta de Castilla y León, puesto que «en ningún momento los suministros de material sanitario facilitados por el Gobierno se han correspondido, ni muy remotamente, con nuestras necesidades».
Carriedo ha destacado que la medida de aplazamiento del pago de tributos autonómicos, que van a ampliar un mes más, llegará a 114.000 ciudadanos y supondrá la demora de ingreso de 120 millones de euros de recaudación de esos tributos en las arcas autonómicas.
El consejero, que va a mantener esta tarde un videoconferencia con la ministra María Jesús Montero, ha avanzado que volverá a reiterar la necesidad de que el fondo estatal no reembolsable de 16.000 millones para afrontar los gastos generados por la covid-19 en las autonomías se reparta atendiendo a criterios relacionados con la pandemia (casos atendidos, hospitalizados, atención en UCI) y no con una distribución por habitante, que es la que defienden, entre otros, el popular andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, o el valenciano socialista Ximo Puig.
El consejero ha recordado que la financiación autonómica general que llega del Gobierno central lleva años siendo deficitaria para Castilla y León e impide «atender como Dios manda» los servicios esenciales, al depender el reparto del número de habitantes más que del coste efectivo de prestar servicios a una población envejecida y dispersa, y ha urgido a la modificación. Esa reforma lleva pendiente desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy. «No admite más demoras», ha remarcado Fernández Carriedo.
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El consejero de la Junta ha planteado el reto de que, en el medio plazo, la comunidad salga mejor parada que la media nacional en situación de desempleo, caída del PIB y crecimiento de la deuda pública. Para ello ha reiterado el ofrecimiento del presidente Alfonso Fernández Mañueco de consensuar las medidas de reactivación social y económica en un gran acuerdo de comunidad. «No lo queremos hacer solos», ha precisado.
«No tengo ninguna duda de que el reparto se van a hacer bajo criterios equitativos y justo, pero espero que recuerde usted lo que ha dicho aquí del reparto por afección en referencia a Soria y Segovia», ha precisado la procuradora del PSOE Rosa Rubio. La socialista ha reclamado a la Junta una toma de decisiones para solventar los recortes de años en sanidad y servicios sociales que ha sacado a la luz, según ha destacado, la covid-19.
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Rubio ha lamentado la falta de medidas de la Junta y la demora y también recordado que el PSOE ha remitido un documento completo de iniciativas a la Junta, «sobre el que no tenemos respuesta».
Rubio ha afeado al PP sacar rédito político de una situación como esta. «Me resulta duro solo el plantearlo, pero exprimir algo cuando la gente está sufriendo... Se me vienen a la cabeza las palabras del señor Raúl de la Hoz (portavoz del PP) el pasado pleno, seguro que no las comparte. La lealtad se demuestra y aquí no va a encontrar usted una oposición desleal, no va a encontrar un Casado», ha remarcado.
La procuradora socialista y el parlamentario del PP Salvador Cruz han cruzado reproches sobre la gestión que el Gobierno central ha efectuado sobre la crisis y esa actitud del PP nacional. Cruz ha mostrado su preocupación por el hecho de que el fondo para las autonomías fuera solicitado, entre otros por el presidente Fernández Mañueco, a principios de abril y «no se haya puesto en marcha hasta dos días después de que lo solicitara ERC». Cruz ha censurado que la aportación del Gobierno de Sánchez en suministros sanitarios a Castilla y León, que ha cifrado en el 2,75% del total, frente a más del 91% de la Junta, el 5,42% de donaciones y 0,47% de incautaciones.
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Juan Pablo Izquierdo, procurador de Cs, ha llamado a utilizar «todos los recursos disponibles de forma coordinada por todas las administraciones para optimizar fuentes y maximizar resultados. No es el momento de carreras para ver quien da más».
Luis Mariano Santos, parlamentario de la Unión del Pueblo Leonés, ha puesto sobre la mesa el impacto que la crisis inminente va a tener en provincias que ya partían con problemas serios de tejido económico y pérdida de población, entre las que están León, Zamora y Salamanca, y ha reclamado al consejero la necesidad de acabar con trabas a proyectos como la biorrefinería de Barcial del Barco.
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