Barcones anuncia un «impulso importantísimo» a la Autovía del Duero en los presupuestos del Estado

En un encuentro informativo con la prensa para hacer balance de 2018 y realizar una proyección de lo que será 2019, Barcones ha preferido no entrar en detalles sobre la distribución presupuestaria de las infraestructuras, si bien ha ratificado los plazos dados por el Ejecutivo para proyectos como la llegada del AVE a Burgos en 2020, y la culminación de dos tramos de la Autovía del Duero en Soria en los próximos meses.

Sobre esta última infraestructura, pendiente desde hace décadas por la complicación en la tramitación administrativa de algunos de sus tramos y la dificultad del trazado por la Ribera del Duero, Barcones ha recordado que serán 234 millones de euros los que se licitarán en el primer trimestre para la construcción de sendos tramos de la provincia de Valladolid, aunque ha reconocido que entre los diferentes tramos pendientes hay «situaciones muy distintas» en su estado de ejecución.

El compromiso expresado por Barcones es que cada uno de los tramos será impulsado al menos hasta el siguiente trámite administrativo en el que se encuentre, de modo que la que estén en evaluación de impacto ambiental o en redacción de proyectos se culminen esos pasos, mientras que las que ya dispongan de proyecto sean licitadas y las ya licitadas sean ejecutadas y culminadas.

Asimismo, la delegada ha reconocido que es «difícil poner una fecha» a la culminación total de la Autovía del Duero porque cada tramo está en una situación diferente, pero se ha comprometido a no dejar las actuaciones «sine die», que es lo que ha asegurado se encontraron cuando los socialistas llegaron al Gobierno en 2018.

Sobre el resto de infraestructuras pendientes, se ha referido a los avances que espera para 2019 en la autovía que unirá Valladolid y León y la culminación del enlace con la frontera con Portugal de la A-62, a la altura del municipio salmantino de Fuentes de Oñoro, además de agilizar la integración ferroviaria de León, tanto para eliminar el denominado «fondo de saco» creado con el actual trazado como para la incorporación del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE).

Asimismo, Barcones ha incidido en que la razón de ser de su situación al frente de la Delegación del Gobierno en la comunidad no ha sido otra que tratar de tener «los pies en el suelo, pisando el barro» para «percibir mejor la realidad de los ciudadanos». Así, ha resaltado que ha «desatascado temas enquistados» como la despoblación, las cuencas mineras y crisis empresariales como la de Vestas en León o Made en Valladolid, entre otros.

Acerca de la despoblación, la delegada ha reconocido que 2018 «tampoco ha dado tregua» a Castilla y León en términos de pérdida de población, con «cifras alarmantes» y «proyecciones devastadoras», aunque ha pedido que todas las administraciones involucradas se pongan «de frente» y «sin eludir responsabilidades» con políticas «transversales» para afrontar una «pirámide de edad singularmente invertida» en la Comunidad.

Con la Estrategia Nacional contra el Reto Demográfico en ciernes, ya que será presentada en primavera, Barcones ha insistido en que el eje de todas las políticas contra la despoblación debe ser que las personas que viven en el medio rural deber tener «los mismos derechos y oportunidades» que quienes viven en las ciudades.

Por otra parte, en lo relativo a la situación de las cuencas mineras tras el cese de buena parte de sus explotaciones de carbón y los anunciados cierres de las centrales térmicas, pendientes aún de autorización por parte del Gobierno, Barcones ha destacado la importancia del acuerdo firmado con las empresas y los sindicatos y ha confiado en que prosperen proyectos alternativos como la nueva Ciuden, en Ponferrada.

No obstante, las alternativas a la minería deben llegar, en opinión del Gobierno, a través de proyectos industriales y de otro tipo. Para ello, este mes de enero convocarán a empresarios y el ámbito universitario para detectar sectores y proyectos que encajen en las comarcas mineras y ofrezcan una «alternativa justa».

En el caso de las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común, Barcones ha insistido en que el Ministerio mantiene la misma línea que el acuerdo alcanzado en Castilla y León para defender íntegramente los cerca de 1.100 millones de euros anuales de este tipo de políticas comunitarias.

Como principales medidas del Gobierno, la delegada ha subrayado la subida de las pensiones a 608.000 personas en la comunidad, el incremento hasta los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional, que afecta en Castilla y León a 72.000 trabajadores, y el incremento salarial que ya notarán en enero los 163.000 empleados públicos del Estado en Castilla y León.