Las ayudas de la Junta al alquiler por la covid-19 empezarán a pagarse la próxima semana

El consejero de Fomento explicó también qué sucederá con las personas que se quedaron fuera de las ayudas ordinarias al alquiler que anualmente concede la Junta. «Hemos satisfecho 15,3 millones de euros para estas ayudas al alquiler ordinario, que llegan a cubrir el 50%. Hubo un primer pago a 9.056 familias. Acordamos suplementar el dinero porque hubo personas que se quedaron sin recibir la ayuda por fin de presupuesto. Pusimos 3,4 millones más. El plazo para la justificación de los requisitos quedó en suspenso con el estado de alarma y se va a reabrir el 1 de junio. Todas las personas en lista de reserva van a recibir una carta de la Junta de Castilla y León para decirles que pueden presentar la justificación de los recibos. El plazo será de 12 días».

Suárez-Quiñones indicó también que la convocatoria de las nuevas ayudas ordinarias al alquiler para el presente año 2020 se publicará en el Bocyl «en la primera semana de junio». «Serán un total de 15,3 millones que permitirá ayudar a las familias con menos ingresos».

El titular de Fomento y Medio Ambiente se refirió a otros asuntos durante la última rueda de prensa íntegramente telemática, ya a que partir de este jueves la Junta retomará la participación presencial de periodistas y reporteros gráficos, con la distancia de seguridad necesaria. Suárez-Quiñones anunció que el gobierno regional ya dispone de una máquina que permite fabricar diariamente 200.000 mascarillas quirúrgicas e higiénicas. «Está máquina está instalada en un acuerdo que hemos alcanzado con la empesa Drylock Techonologies de Segovia y que ya está produciendo».

Juan Carlos Suárez-Quiñones expresó su satisfacción con las sentencias favorables a la Junta en lo referente a la Ley de Caza y al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en la localidad soriana de Garray. Sobre la primera de ellas, recalcó que se trata de «una sentencia importante para Castilla y León y no solo para la Junta». «Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre estos aspectos. Cierra un debate sobre cómo hacía la Junta las cosas en materia de caza. Ha habido mucha presión de todo tipo. Parecía que no hacíamos bien las cosas y había resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ponían vuelta abajo nuestras decisiones. El Supremo ha dicho la palabra final: la Junta había hecho bien su trabajo».

Suárez-Quiñones se felicitó por una sentencia que permite regular la actividad cinegética «no solo para la actividad económico-social» sino también para «intereses como la salud pública, la ganadería, la agricultura» y hasta la «seguridad vial» al reducirse los accidentes de tráfico causados por animales. «Además, mantiene el equilibrio de las especies y protege a los hábitats débiles de la sobrepoblación de las especies más fuertes», consideró.

El consejero de Fomento se mostró igualmente satisfecho con la desestimación del recurso de la asociación ecologista Asden sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Soria: «El Supremo ha avalado un proyecto para reactivar la economía de una provincia tan necesitada como Soria. Se trataba de que anidaran allí iniciativas empresariales sostenibles. Una sentencia ratificó el proyecto. Ahora, el Tribunal Supremo lo avala. No hay que mirar atrás, pero hay que reflexionar qué intereses se persiguen», declaró, en referencia a la oposición de los colectivos ecologistas. «Todos debemos reflexionar. Les pido que se sienten, como en la nueva Ley de Caza que llevaremos a las Cortes, para llegar a una confluencia de intereses. Deben reflexionar sobre el tiempo perdido en el Parque Empresarial del Medio Ambiente y la cantidad de puestos de trabajo y proyectos de vida que ha podido frustrar el hecho de que no haya tenido actividad económica».

Suárez-Quiñones detalló que ya hay una empresa -Carburos Metálicos- con un proyecto para el PEMA. Esta iniciativa, con una inversión de casi 14 millones de euros, se encargará de capturar las emisiones de la central térmica de energía por biomasa de Garray y almacenará, transportará y comercializará el CO2 para su uso en bebidas alcohólicas y otros procesos de producción. «Es una actividad de auténtica economía circular y compromiso con el medio ambiente», apuntó el consejero.