La ayuda de alquiler para inquilinos arrollados por el coronavirus se podrá solicitar desde el día 14

Las ayudas para el pago del alquiler están orientadas a personas en situación de apuro económico sobrevenido por la covid-19. El solicitante debe estar en situación de desempleo, ERTE o reducción de jornada a partir del 14 de marzo. En el caso de autónomos, deberá haber cesado su actividad o demostrar situaciones que impliquen un pérdida de ingresos. Es para vivienda habitual y se da por sentado que esta se encuentra en el territorio de la comunidad autónoma.

Para solicitar la ayuda se establece un límite de ingresos de hasta 3 veces el indicador IPREM (537,8 euros) en el mes anterior al que se pide el apoyo, el que no afectaba la covid. Eso supone una cuantía de 1.613,5 euros. Estos ingresos podrán ser algo mayores si se trata de familias con menores y mayores a su cargo, monoparentales, con personas con discapacidad o una dependencia que incapacite volver a la actividad laboral. En el caso de que la persona que paga la renta sea un ciudadano con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad, en función del grado reconocido (a partir del 33% o 65%) ese tope de ingresos puede llegar a 5 veces el IPREM: son 2.689,2 euros.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente subvenciona cuatro meses de alquiler, entre abril y septiembre, y la cuantía máxima prevista es de 500 euros mensuales, por lo que un beneficiario podrá percibir hasta 2.000 euros. La ayuda se abonará de una sola vez, a través de una cuenta bancaria.

Los solicitantes deben ser titulares de un contrato de alquiler de la vivienda que cumpla la legislación sobre arrendamientos urbanos y la renta que se abone mensualmente, sumada a las facturas pagadas por suministros en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, deben superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar. Por gastos habituales se entienden los del combustible para calefacción, electricidad, agua, telefonía y telecomunicaciones...

Para acceder a las ayudas hay que estar al corriente de pago de las mensualidades del alquiler o haber solicitado una moratoria, pero constatando el abono de los tres meses anteriores. También deben estar al corriente de las obligaciones tributarias.

El peticionario deberá acreditar su vulnerabilidad social y económica con los certificados en los que conste su situación de desempleo, ERTE o cese de actividad y la cuantía que recibe de prestación. También será necesario acreditar las reducciones de jornada. Tendrán que acreditar, mediante justificante bancario, el abono del último pago del alquiler y de los suministros. Solo se aceptarán recibos de pagos de bombonas de butano y gasóleo. También se pide volante o certificado de empadronamiento de todos los que comparten la unidad familiar.

La solicitud podrá presentarse entre el 14 de mayo y el 30 de septiembre. Se podrá tramitar a través de www.tramitacastillayleon.jcyl.es. En la sede central de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y en las oficinas de Atención al Ciudadano de las delegaciones territoriales de la Junta, en la capitales de provincias, y de Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Arenas de San Pedro y el Condado de Treviño.

Facilita información el telófono 012, servicio con el que conecta también a través de 983 32 78 50, sin coste si contacta desde un terminal con tarifa plana.