El TSJ anula la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid de 2017 para el cobro del agua

En este caso, el Ayuntamiento no pudo hacerlo por este periodo, ya que asumió el servicio el 1 de julio de 2017, cuando venció el contrato de veinte años con la concesionaria. Esta resolución judicial es la primera que da la razón a la antigua adjudicataria y condena al Ayuntamiento de Valladolid al abono de las costas procesales.

Las consecuencias de la resolución judicial, que puede ser recurrida en casación ante el Supremo, están por ver. La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, avanzó anoche que los servicios jurídicos la analizarán en profundidad. No obstante, matizó que, «independientemente de que se trate de una tasa o no», los precios «no han variado», porque «se aplicarían las tarifas aprobadas por la Junta de Castilla y León, cuyos importes son idénticos»

En primera instancia la Justicia dio la razón al Ayuntamiento, pero ahora el TSJ se la quita. «Lo esencial es que nadie se ha visto perjudicado por la ordenanza aprobada para el segundo semestre de 2017, porque los precios se mantuvieron y no afecta a lo abonado por los usuarios», señaló la edil, quien subrayó que la ordenanza recibió el informe favorable del Consejo Económico-Administrativo del Consistorio. Sánchez considera que se trata de un «matiz formal, que podrá subsanarse» y recuerda que la tasa del presente año se está devengando «correctamente».