El TSJ anula la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas en Castilla y León

Para los ecologistas, el fallo supone un «fracaso al intento del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones de desregular la ganadería industrial en Castilla y León». Así, la sentencia detiene «en seco» la pretensión de desregulación por la vía del decreto de las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, «de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León».

De esta manera, las explotaciones «deberán someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas», sostienen Ecologistas en Acción.

El colectivo ha puesto de ejemplo el caso de la gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), la cual con 20.000 vacas de leche, «que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes».

A esto se suma que «cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves» tampoco puedan ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, «que era lo que pretendía la Junta», advierte Ecologistas en Acción en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, el alto tribuna sostiene que «no es posible modificar por Decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León», ya que el Consejo de Gobierno de la Junta invadía la competencia legislativa «exclusiva del Parlamento autonómico».