Los altos cargos de Castilla y León no podrán aceptar regalos ni invitaciones y tampoco cargar comidas a la Junta

El también portavoz de la Junta ha hecho especial hincapié en la obligación que tendrán «todos» los miembros de la Junta, desde el presidente Alfonso Fernández Mañueco hacia abajo jerárquicamente, de hacer públicas sus agendas diarias. El vicepresidente ha señalado que esa publicidad deberá ser «exhaustiva», concretando con quién se reúnen y para qué asunto. «La consejería (de Transparencia) está desarrollando una aplicación para hacer efectiva esta obligación», ha manifestado Francisco Igea.

El vicepresidente ha apuntado que las modificaciones concretarán también situaciones de uso de coche oficial. Habló de «endurecimiento», limitando el uso de utilización a los miembros del Consejo de Gobierno, con excepción de los altos cargos que residan en provincias distintas a donde se ubica su despacho oficial, que sí podrán usar coche oficial, «compartiendo con otros altos cargos siempre que sea posible», ha matizado Igea. También se les podrá abonar el coste del viaje si se desplazan por otros medios de transporte que resulten más económicos. Teóricamente, el código en vigor ya limitaba el uso a los consejeros de la Junta y al presidente, pero Igea apuntó que el empleo por parte de altos cargos de provincias se da y ahora se «regulariza».

El resto de altos cargos solo podrá montar en el coche oficial para desplazamientos de su agenda institucional «por razón de su cargo», nunca para ir de su domicilio al trabajo o para reuniones ni actos «derivados de la militancia en un partido político».

Queda vetado a los altos cargos contratar publicidad institucional al margen del departamento que lleva las políticas de comunicación de la Junta y se mantiene algo que prohíbe expresamente el Código actualmente en vigor como es que dispongan de tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio de sus funciones.

El Código de Austeridad de los Altos Cargos afecta al presidente de la Junta y de las instituciones autonómicas (salvo el de las Cortes, por ser el legislativo un poder independiente del Ejecutivo), los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales y los gerentes o asimilados de empresas y fundaciones públicas.

Fuentes del Ejecutivo autonómico manifestaron las idoneidad de las Cortes tomaran la decisión de incorporar este Código Ético a su funcionamiento, para los miembros de la Mesa y direcciones de los grupos principalmente, que tienen dedicación exclusiva al Parlamento autonómico y sueldo público, pero también para el resto de procuradores.