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andrea díez
Martes, 16 de enero 2018, 13:09
Desde La Alianza que reclaman «apoyo presupuestario de las administraciones que alcance el importe máximo permitido en las ayudas de incorporación».
Reclaman un apoyo presupuestario de las administraciones que alcance el importe máximo permitido en las ayudas de incorporación. Y además debe potenciarse la incorporación ... de mujeres al sector agrario como titulares de explotaciones o en régimen de Titularidad Compartida. Solicitan además apoyos reales en una materia clave como son los seguros agrarios, fundamentales para los jóvenes que se incorporan, y que las ayudas se abonen en tiempo y forma, sin el retraso con el que se pagan actualmente.
Presume de ser la única organización que se ha manifestado en la calle estos años exigiendo precios justos y dignos. Urgen medidas a nivel nacional como europeo para legislar y poner orden en la cadena alimentaria, con sanciones fuertes para las empresas, operadores e industrias que incumplan. La Alianza sigue insistiendo en reclamar un transparente y eficaz Observatorio de Precios en Castilla y León que ‘desenmascare’ a quienes se aprovechan de conformar los precios y que, en muchos casos, arruinan a los agricultores y ganaderos.
Quieren un «modelo social agrario» que tenga como objetivo preferente el mantenimiento de un nivel de rentas digno para los hombres y mujeres que viven de su trabajo directo y personal en su explotación, como productores A Título Principal (ATP), profesionales y activos de las Explotaciones Familiares Agrarias. El desarrollo de este modelo es estratégico para garantizar una alimentación asequible y de calidad, preservar los valores ambientales y el mantenimiento de los pueblos.
Quieren una PAC más justa, más social, más fuerte, más europeísta y con más fondos comunitarios, con un compromiso real para los verdaderos profesionales ATP del sector y para las explotaciones familiares, y con políticas de mercado que permitan precios justos para los productores. Esta organización se opone radicalmente a que se reduzca la financiación para agricultores y ganaderos profesionales. Además, la Alianza UPA-COAG reclama que la PAC elimine la burocracia a los agricultores y ganaderos.
La responsabilidad y gestión única y exclusiva de las Cámaras Agrarias le corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería según la Ley Agraria. Por lo tanto,debe dar la solución. La Administración debería haber abordado un proceso serio y regulado de disolución de estos entes, garantizando su liquidación y reempleo de fondos y bienes en objetivos de interés general agrario, «en vez de escabullir su responsabilidad y dejarlas morir de inanición y a merced de la ley del más fuerte. Denuncia el apropiamiento del patrimonio por Asaja y UCCL.
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