El ajuste demográfico deja en Castilla y León 14 millones más del fondo Covid

En las páginas del BOE, precisamente, se desgranaban este miércoles los pagos del primer desembolso de 6.000 millones. (Ceuta y Melilla reciben 12 millones cada una que hay que restar de esos seis mil totales en el reparto). Un dinero que, según explicaron desde la Consejería de Hacienda, debe ir destinado íntegramente a gasto sanitario. A Castilla y León le han correspondido 349 millones de euros, lo que para el PP es mucho menos de lo que debería y para el PSOE, encarnado en la Delegación del Gobierno, es una cantidad que por primera vez hace justicia a las condiciones demográficas peculiares de la región.

El primer argumento son las cifras. Con el 5,05% de la población nacional, Castilla y León recibe un 5,82% del dinero, explican desde la Delegación del Gobierno. «El reparto se ha hecho de forma sensible y solidaria, primando los criterios objetivos y las necesidades reales de cada territorio derivadas del impacto de la pandemia», se felicitaba el delegado gubernamental, Javier Izquierdo.

La clave de esa «solidaridad» a la que se refiere Izquierdo está en el 35% de esos seis mil millones, que debía repartirse en función de la «población protegida equivalente» y no del padrón. (Se trata de un factor de corrección en función de siete grupos de edades de la población y se estableció en 2007). A Castilla y León se le ha asignado una población protegida equivalente de 2.804.409 personas, que es sobre la que se ha calculado, y no a partir de las 2.393.285 que reflejaba el padrón a 1 de enero de 2020. Así, en esa primera partida, en lugar de percibir en torno a 105,5 millones de euros, Castilla y León recibe 119,3, aproximadamente.

Y sin embargo el PP no está de acuerdo aún con los fondos asignados. «El importe finalmente recibido evidencia, no obstante, un nuevo capítulo en la serie de discriminaciones que venimos sufrimos los castellanos y leoneses», apuntaron los populares en un comunicado. «Y ello porque los criterios de reparto inicialmente comunicados fueron unilateralmente modificados por el Gobierno de España para favorecer a algunas comunidades autónomas y perjudicar a otras en función de sus intereses políticos y partidistas, introduciendo criterios de reparto que nada tienen que ver con el impacto de la covid en cada territorio», apuntan, calculando que Castilla y León deja de percibir «125 millones de euros que han ido a parar a otros territorios más interesantes desde el punto de vista político para el Gobierno y el PSOE».

La respuesta gubernamental es que el plan inicial sufrió variaciones porque se habían contemplado 10.000 millones para Sanidad, 1.000 para servicios sociales y 5.000 para «paliar la caída de la actividad económica», como en su día explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Posteriormente, esto se modificó para dejarlo en 9.000 millones para Sanidad, 2.000 para Educación, 800 para transporte y 4.200 para el epígrafe de actividades económicas.

El ajuste por las peculiaridades demográficas es algo que el propio PP ha reclamado, incluso en la etapa anterior a 'su' ministro, Montoro, ya que un reparto tal cual en función de criterios demográficos favorece a comunidades como Madrid o Cataluña, con gran densidad de población, y perjudica a Castilla y León, Castilla La Mancha o Extremadura, mucho más dispersas y con una población más envejecida.

El segundo pago del monto sanitario, 3.000 millones a repartir, llegará en noviembre. En septiembre se distribuirán los fondos para Educación, y en noviembre se liberará el dinero para el capítulo de transportes y de los ingresos por actividades económicas.