Los funcionarios van a la primera huelga de la historia contra la Junta por las 35 horas

«La huelga no era un fin. Nuestra meta era que la Junta cumpliese el acuerdo firmado el 21 de mayo, por el que todos los empleados públicos volvían a la jornada anterior a la crisis, de 35 horas semanales, y la consiguiente bajada de horas lectivas en el sector de la educación», recordó ayer Raquel Fernández, secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, exhibió como un logro del PP el acuerdo firmado a cinco días de las autonómicas del 26 de mayo por el anterior ejecutivo monocolor de Juan Vicente Herrera para devolver a los empleados públicos la jornada semanal de 35 horas. En aquella campaña electoral, el líder de Ciudadanos en la comunidad y hoy vicepresidente, Francisco Igea, manifestó sus dudas sobre este compromiso y confió en que fuese «un milagro» y no una «falsa promesa» de los populares.

En septiembre, ya como portavoz de la Junta, Igea consideró «improbable» su aplicación a partir del 1 de octubre por el coste que suponía, que cifró en 120 millones de euros. Los sindicatos anunciaron movilizaciones y la Junta convocó reuniones para tratar de acercar posturas. En una de ellas participó Mañueco, que se comprometió a elaborar una propuesta que no llegó a buen puerto

Los representantes sindicales plantearon el 1 de enero de 2020 como fecha tope para su entrada en vigor. La Junta fue rebajando sus ofertas: 1 de diciembre, 1 de junio y 31 de marzo de 2020, fecha de la última oferta. Los sindicatos pidieron la propuesta por escrito, pero el gobierno autonómico solo remitió un acta de la reunión del lunes. «Ni siquiera coincide con lo que hablamos», denunció Raquel Fernández.

La representante de CSIF explicó que la fecha del 31 de marzo de 2020 propuesta por la Junta estaba sujeta a una serie de condicionantes que podrían haber frenado su puesta en marcha, ya que se vinculaban con «la garantía en la estabilidad en la actividad, el mantenimiento de los estándares en la calidad de los servicios públicos y la verificación horaria de la prestación». «Estos condicionantes dependen de ellos», remarcó Ana Rosa Arribas, coordinadora del área publica de Comisiones Obreras Castilla y León. «Además, el 31 de marzo es la fecha en la que el Ministerio [de Economía y Hacienda] da los datos de cumplimiento del déficit, la deuda y de la regla de gasto. Y la Junta no lo va a cumplir. Por lo tanto, habría un segundo incumplimiento», añadió. La consumación de esos tres puntos fue el requisito que permitió volver la jornada de 35 horas semanales, después del aumento hasta las 37,5 en 2012 con motivo de la crisis.

Ana Rosa Arribas recordó que los sindicatos no se han sentado con la Junta para negociar un nuevo compromiso sino para aplicar el rubricado en mayo y criticó el comportamiento del gobierno autonómico. «Si firmaron el acuerdo con nosotros sabiendo que sus compañeros no lo iban a cumplir, hubo mala fe en ese momento. Si los que están ahora no quieren hacerse cargo del compromiso adquirido también hay mala fe».

Por esta razón, los sindicatos plantean la posibilidad de acudir a la justicia para demandar que se cumpla el acuerdo firmado en mayo. «Lo están estudiando nuestros servicios jurídicos. Tenemos todo el derecho del mundo a ir a los tribunales por este asunto», apuntó Ana Rosa Arribas.

Para Miguel Holguín, secretario regional de Sanidad de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT. «No ha habido ninguna voluntad para negociar. Llevan dilatándolo desde el primer momento para no cumplir el acuerdo que habíamos firmado. Ese acuerdo permitía a la Junta prolongar la jornada estival [de 35 horas] para hacer todos los cambios normativos necesarios. Nos han tenido un mes con reuniones cada semana para darnos un documento que ni siquiera corresponde a la última propuesta. Han mareado la perdiz y han bombardeado un acuerdo firmado. No hay ninguna voluntad por parte de la Junta para aplicar las 35 horas por mucho que lo quieran vender como un acuerdo de legislatura».

Desde Comisiones Obreras, Ana Rosa Arribas recordó que la huelga de hoy se produce cuatro días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre. «Los ciudadanos valorarán que hay partidos políticos y gobiernos a los que les cuesta cumplir los acuerdos y sus programas», avisó.