70.000 familias de la región, pendientes de la decisión del Supremo sobre las hipotecas

El primer motivo es que los ponentes de los recursos pendientes, los magistrados de la Sección Segunda Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís, han tenido que explicar su postura favorable al cambio de criterio sobre quién tiene que abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de la hipoteca. Ambos forman parte de la Sección Segunda de lo Contencioso, especializada en tributos y suscribieron la sentencia del pasado 18 de octubre que supuso un giro radical» a la doctrina aplicada hasta la fecha: que fueran los clientes y no los bancos quienes paguen.

Su postura, por lo tanto, estaba clara de antemano y atribuía a las entidades financiera esa carga. En segundo lugar, la decisión de aplazar hasta hoy la continuación del debate se debió a que todos los presentes, tras escuchar la defensa jurídica de sus compañeros, dieron una primera impresión. No obstante, solo un tercio entraron de lleno sobre la estimación o no de los tres recursos pendientes de resolver.

Pero estos últimos magistrados, según fuentes jurídicas, no mostraron una postura unitaria. Hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial de hace tres semanas, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto. Antes, todos se habían explayado sobre la intervención del presidente Díez-Picazo para llevar a Pleno los tres recursos citados.

Aquí sí hubo una postura mayoritaria en favor del presidente, según las mismas fuentes. Al fin y al cabo, la denominada sala especial del artículo 61 del Supremo –de la que forman parte magistrados de las cinco jurisdicciones del alto tribunal– respaldó de forma rotunda la misma postura el pasado miércoles, justo al rechazar la querella presentada por Podemos contra él.

Así las cosas, la sentencia firme del pasado 18 de octubre, que por cinco votos a uno atribuyó a la banca la carga del impuesto ha sobrevolado el debate jurídico, pero sin entrar todavía todos los magistrados en el fondo: si al final acaba pagando la banca y desde cuándo, es decir, la retroactividad de la medida.

En aquel pleito se llevó el gato al agua el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid frente a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de la Comunidad de Madrid, que le exigía el pago del tributo por la inscripción de alrededor de 4.000 hipotecas. El mismo criterio judicial fue seguido en dos sentencias posteriores con las mismas partes en liza. Las resoluciones anulaban un artículo del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1995, en concreto el 68 que precisa que en las escrituras de hipotecas el tributo debe abonarlo quien solicita el préstamo, es decir, el cliente.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ya había avalado en 2005 de forma implícita ese artículo 68 en dos autos ante las dudas sobre su legalidad presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la Sala de lo Civil del Supremo resolvió en el mismo sentido en febrero pasado. Sin embargo, sus compañeros de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo cambiaron el paso y decidieron en septiembre seguir adelante con el recurso del Ayuntamiento de Rivas, al entender que es a ellos a quienes corresponde fijar la doctrina.

Lo que vino luego ya es sabido. Dicho tribunal estableció en la sentencia que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto. Un día después el presidente de la Sala paralizaba los tres próximos recursos pendientes, dada la «enorme repercusión económica y social».

De la decisión que adopte el Tribunal Supremo están pendientes cerca de 70.000 contribuyentes de Castilla y León, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), elaborados a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Colegio de Registradores y de la recaudación tributaria de las comunidades autónomas. Este colectivo estima que al menos 68.466 castellanos y leoneses podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a la Junta solo por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años, si finalmente el Tribunal Supremo confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen. Así, Gestha calcula que quienes se hayan hipotecado desde octubre de 2014 podrían recibir 160 millones de euros de forma conjunta, a los que habría que añadir los intereses de demora. Y es que son los contribuyentes que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años –los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal– los que pueden pedir la devolución de lo pagado indebidamente a la comunidad autónoma.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró hace unos días que la Junta de Castilla y León «está preparada» para cualquier eventualidad una vez que el Tribunal Supremo adopte una decisión en firme sobre el pago del impuesto de las hipotecas. En todo caso, abogó por la «prudencia» al recordar que es un problema que, incluso, afecta a la economía nacional.

Del Olmo reiteró que el cálculo que ha hecho la consejería es que si el Tribuna Supremo confirma que son los bancos quienes deben pagar el impuesto, la resolución afectaría a unas 50.000 liquidaciones en los cuatro últimos años, con un importe de más de 120 millones de euros. Son cifras que corresponden a los años no prescritos aunque recordó que aún se desconoce la fecha a tomar como referencia.