Más de 60.000 empleados públicos de la Junta eligen hoy a 951 delegados sindicales

Por sectores, 34.110 electores pertenecen a las áreas de salud;15.081 son personal laboral de las consejerías; 10.991 son funcionarios y 1.337, personal laboral de Sacyl, según la información proporcionada por la Consejería de Presidencia. Concurren a las urnas 17 candidaturas, el mismo número que hace cuatro años. Además de las centrales UGT y CC OO; y de los sindicatos CSIF, CGT y USO, en la lista figuran otras doce candidaturas profesionales o sectoriales entre las que sobresalen los médicos de CESM por número de delegados.

La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales ha acaparado el protagonismo de las reivindicaciones, sobre todo en el caso de los tres sindicatos mayoritarios, que incluso se han echado a la calle de la mano para demandarla. Pero no es ni mucho menos la única.

La carrera profesional y el pago de los fondos adicionales son «las otras dos puntas de lanza» de CSIF, que cuenta con 272 delegados. «Seguiremos presionando en las mesas y a pie de calle hasta conseguirlo», señalan. Además, reclaman «el reconocimiento del esfuerzo de quienes han mantenido la calidad de la sanidad en tiempos de crisis» mediante «el aumento de las retribuciones y la equiparación salarial con otras comunidades, así como la mejora de las condiciones laborales y la adecuación de las plantillas.

En aras de la transparencia y modernización de la Administración, la lista de reivindicaciones la encabeza la elaboración de una relación de puestos de trabajo (RPT) pública y actualizada con detalle de su estado; la convocatoria de la promoción interna del personal laboral y la reducción de la libre designación. Otras demandas tienen que ver con la mejora de la prevención de riesgos laborales, la conciliación de la vida laboral y familiar, el reconocimiento del empleado público y, en Sanidad, la cobertura de todas las vacantes y plantillas por vacaciones, bajas, etc., acabar con las acumulaciones en Atención Primaria;y mejoras de las condiciones laborales específicas para los diferentes colectivos.

Desde la Unión General de Trabajadores, que tiene 252 representantes del proceso de 2016, en primer lugar colocan la carrera profesional horizontal en la Administración para todo el personal y recuerdan que, al existir el compromiso de reserva presupuestaria por ley para 2020, exigirán que se refleje en los próximos presupuestos. Lamentan desde UGT «el abandono de la promoción interna de la Junta con sus empleados», algo que también consideran que sucede con la formación.

Recuerdan que las estadísticas colocan a Castilla y León en los percentiles inferiores de retribuciones de todas las autonomías. «Lucharemos por recuperar la reducción (media) del 5% de 2010», aseguran, así como por una revisión de funciones de las distintas cualificaciones profesionales a las nuevas realidades sociales de los centros de trabajo. La implantación del concurso abierto y permanente en el personal funcionario «que acabe con el agravio que sufren los funcionarios» o el rejuvenecimiento de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición y la convocatoria de nuevas ofertas de empleo son otras de sus demandas.

En Sanidad piden un cambio del «actual modelo de carrera profesional tipo gymkana»; así como la recuperación de la financiación y las plantillas previas al 2012. Y se oponen «rotundamente» al plan de remodelación de la Atención Primaria en el mundo rural, «tanto en el fondo como en la forma».

Además de las 35 horas, Comisiones Obreras –226 delegados, según informa la Junta– demanda la convocatoria de empleo público para cubrir las plazas de una plantilla en la que el 80% se jubilará en la próxima década. En paralelo, considera necesario eliminar las tasas de reposición. CC OO hace bandera contra la privatización y externalización de servicios;y exige un acceso a la función pública «justo y objetivo» y el establecimiento de una carrera profesional.Además, elevar el reconocimiento de la jubilación parcial hasta el máximo legal y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

En Administración Pública reivindica también una nueva Ley de la Función Pública y una nueva RPT negociada que permita convocar concursos abiertos y permanentes; así como jornadas flexibles para poder conciliar y un sistema público y objetivo para cubrir las comisiones de servicio y las movilidades, entre otras.

En sanidad, CC OO pide coeficientes reductores para la jubilación anticipada; la convocatoria anual de la bolsa de empleo y de movilidad interna y un modelo de atención primaria ajustado a las necesidades de Castilla y León. Además, y entre otras, igualdad retributiva en todas las categorías.