50.000 euros al día por una tele

Francisco Igea anunció el día 9 de abril –primera vez que se hacía públicamente– el pago de la primera parte de la subvención anual a RTVCyL S.A.Seis millones de euros y 6,7 más en el próximo cuatrimestre. Desde ese día, el propio Igea, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han tenido que responder a 22 preguntas sobre la cuestión. El resumen de sus respuestas ha sido que «nada ha cambiado» respecto al modelo de televisión autonómica que se mantiene en pie desde el año 2009.

Pero la realidad es que en el último mes todo ha cambiado. Ha cambiado que los presupuestos de Castilla y León, como los de todas las administraciones, aprobados o en proyecto, son cosa del pasado. Si los que figuraban en el borrador de Fernández Carriedo ya mostraban una incipiente «desaceleración», nadie es capaz de aventurar qué ocurrirá con el frenazo brusco que se experimenta desde el comienzo de la pandemia mundial por coronavirus. Sanidad ha tenido que invertir un dinero imprevisto en compra de material, refuerzo de plantillas y montaje de infraestructuras. Se ha calculado por ahora en más de 50 millones de euros. Educación y Familia, otro tanto.

En ese contexto, en el que el dinero público va a escasear, como reconoce el propio consejero en una entrevista que publica hoy domingo El Norte, la empresa Radio Televisión Castilla y León SA, que tiene la concesión pública para emitir contenidos autonómicos, ya se ha garantizado 12,7 millones y aún le quedarán en torno a 5,3 hasta completar los 18 que recibe anualmente libre de impuestos.

«Si hay algo nuevo en esta ocasión es que la subvención no se ha concedido de una sola vez, sino que hemos concedido esos 6 primeros millones iniciales para este cuatrimestre y otros 6,7 que vendrán cuando se produzca la necesidad en el siguiente cuatrimestre, y no hemos podido hacer la subvención completa como se hacía otros años, repito, por temas presupuestarios y por garantía también de medios y recursos suficientes para poder llevarlos a actuaciones de esta crisis. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, es exactamente lo mismo», defendía el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El político leonés no incluyó en su reflexión qué va a pasar con ese millón de más que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT ya había aprobado en febrero y que debía incluirse en los presupuestos. Un millón que RTVCyL solicitó, junto a su auditoría anual, para hacer frente a una renovación tecnológica y a la subida de los salarios de sus 350 empleados en función del IPC. En la Comisión toman parte representantes de los grupos políticos de las Cortes (PP, Cs, PSOE y Grupo Mixto) y sus sesiones no son públicas.

(Número medio de espectadores en franja máxima audiencia. Datos correspondientes a la última semana de febrero. Audiencia de lunes a domingo de 22 a 23 horas.)

La empresa RTVCyL «hace un trabajo esencial», justificaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, hace una semana y media, cuando anunció el pago. Por eso, concluyó, se le anticipaba el dinero «a trabajo vencido», aunque faltaban 21 días para terminar el cuatrimestre. Eso suscitó muchas de las preguntas de los medios acreditados antes la Junta. Porque el resto de los medios de la región, cuyo trabajo también ha sido considerado esencial, tendrá que esperar. Lo mismo que otras empresas de otros sectores productivos, acuciados por las incertidumbres económicas propias de una crisis como la que ya se apelotona en las oficinas de los servicios de empleo en forma de expedientes de regulación temporales o indefinidos. Para ellos hay previstos, según la Ley de Publicidad Institucional de la Junta, aproximadamente 11 millones de euros este año, IVA incluido. Las campañas que se deben poner en marcha deciden qué tipos de medio pueden optar a ellas. La televisión puede acceder a seis de ellas, que tienen un monto de 879.000 euros. Así que además de la subvención propia, RTVCyL también puede acceder a los ingresos que se destinan al resto. Ese canal también compite en el mercado publicitario como cualquier medio privado, sin las limitaciones que tienen los medios públicos.

No solo eso. Las Cortes de Castilla y León le pagaron en la última legislatura 1.693.250 euros, a razón de unos 338.000 euros anuales, en concepto de publicidad institucional. Por añadidura, la Consejería de Fomento es la que abona cada año el coste que supone difundir los contenidos de La 7, el canal regional, por satélite. El Gobierno autonómico abona a Retevisión, concesionaria del contrato de «servicio de difusión por satélite del canal de televisión autonómico CyL7», 240.185 euros al año, IVA incluido. Una cantidad que ha crecido a lo largo de los años, puesto que en 2013 el montante era de 140.000 euros. Sería como si a los periódicos les pagara el transporte de los ejemplares a los kioscos o a las radios el mantenimiento de los postes de emisión.

A ello hay que sumar 27,6 millones que, en cinco anualidades, recibirá la empresa en compensación por el pago del IVA vinculado a las aportaciones de la Junta a que condenó la Justicia por requerimiento de Hacienda. Este año y los dos próximos RTVCyL aún recibirá tres anualidades de 5.275.000 euros por ese motivo, dado que por sentencia se determinó que esa aportación pública estaba sujeta al pago del IVA (que pagan los contribuyentes con esos 27,6 millones) «al corresponder la misma a una prestación de servicios de publicidad institucional a un cliente finalista (la Junta) y no a los habitantes de Castilla y León», según se expone en la auditoría del 2018.

A este respecto fue interrogado Suárez-Quiñones recientemente y señaló que «inicialmente esa subvención estaba sujeta a IVA, y después hubo una modificación de la ley del IVA y una instrucción de la Dirección General de Tributos que consideraba que estas subvenciones no estaban ya sujetas a IVA, y desde el año 2019 no están sujetas a IVA», por lo que aquello que el tribunal había considerado «prestación de servicios» vuelve a considerarse hoy «subvención».

«Hay otros modelos de televisiones autonómicas y yo sí que le invitaría a cualquier ciudadano a que haga una comparación del coste de los modelos de televisiones autonómicas que tienen otras comunidades y del coste del que tiene esta», dijo Igea hace diez días. Este jueves volvió a insistir en el mismo argumento. «De momento, este modelo es probablemente por cifras uno de los modelos más económicos de todos los modelos de televisión autonómica que hay», reiteró.

Ciertamente, televisiones autonómicas públicas, que no privadas, cuentan con presupuestos mucho mayores. También están sometidas a controles de gestión y transparencia equiparables a los de cualquier empresa u organismo público, cosa que no sucede en el caso de La 7. Para 2020, la Generalitat de Cataluña aporta 256,4 millones de euros a la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, que incluye TV3 y Catalunya Radio más sus webs. En Telemadrid, la Comunidad de Madrid pone 80 millones. El Gobierno vasco concede 136 millones. Ahí entran Castilla La Mancha, con 37,6 para la tele de los 44,6 totales presupuestados en 2020; o Extremadura, que invertirá 25,8; o Asturias, con 20 millones. Todas estas cadenas tienen en común audiencias por encima del 5%, según la consultora Barlovento Comunicación. ETB, TVG, Aragón TV y TV3 superan el 9%. La autonómica asturiana, con 20 millones, logra un 6,3%.

Las autonómicas privadas, en cambio, se sitúan en un rango muy inferior en cuanto a cuota de pantalla y audiencia. De hecho, la misma consultora le concede a La 7 de Castilla y León un 1,2% de cuota que apenas se ha incrementado en marzo, en plena crisis del coronavirus, en dos puntos porcentuales. La 8 oscila entre el 0,7% y el 0,8%. En el mismo periodo, diez autonómicas públicas consiguieron repuntes por encima de siete puntos de incremento en su cuota de pantalla.

Esa cuota se traduce, según Kantar Media, en 19.000 espectadores diarios de media para la cadena regional y 14.000 para La 8. En la última semana de febrero, la propia Kantar adjudicaba a 14 cadenas una audiencia media «en franja de máxima audiencia», de lunes a viernes de 22 a 23 horas, por encima de los 20.000 espectadores en Castilla y León. La1, Antena 3 y Telecinco lideraban con entre 142.000 y 134.000. En un segundo bloque se situaban La Sexta y Cuatro, en el entorno de los 60.000 espectadores. Y entre los 20.000 y los 28.000 aparecían Paramount Network, Movistar Laliga, Trece, Gol y La2.

Barlovento registraba el día 15 de marzo, con la comparecencia de Fernández Mañueco recién anunciado el estado de alarma, el dato «máximo» de CyL Noticias 1 con un 8,2% de cuota de pantalla. Un porcentaje que traducía en 77.000 espectadores de media. «Un total de 110.000 vieron en algún momento el programa durante la emisión». El 3 de abril firmó «un 2,6% de cuota de pantalla y 24.000 espectadores de media».

El carácter excepcional de ese éxito es común al resto de medios de comunicación de Castilla y León, para los que la Junta, insiste Francisco Igea a preguntas de El Norte, mantendrá abiertas las campañas de publicidad institucional con los mismos criterios de audiencia que se han seguido en las últimas distribuciones publicadas. Esas campañas suman 11 millones de euros (IVA incluido), aproximadamente, pero no están aseguradas ni, mucho menos, anticipadas.

Francisco Igea, vicepresidente y portavoz, reiteró a El Norte que se mantendrán los compromisos publicitarios con los medios de comunicación, que se establecerá el reparto en función de las audiencias y que el modelo actual, recordó, fue aprobado por todos los grupos en 2009 y se ha mantenido inalterado hasta la fecha.

Jorge Losada, director general de RTVCyL S.A., incidía en el argumento del bajo coste en conversación con este diario. «Este modelo de televisión es ejemplar en toda España. Es la televisión autonómica que por coste es la más barata de toda España. En todas las ratios. En horas de producción, en coste por ciudadano, en subvención», explica. Y añade: «En lo que va de año hemos afrontado todos los costes de poner la televisión en funcionamiento todos los días, abrir los diez centros, nueve provincias, más Ponferrada, más Madrid, 350 nóminas cada mes, sin la subvención. Hemos estado adelantando el dinero».

RTVCyL es una sociedad anónima participada al 50% por dos grupos de comunicación, Promecal (propietario de Diario de Burgos o la agencia Ical, por ejemplo, liderado por Antonio Miguel Méndez Pozo) y Edigrup (propietario de Diario de León y en manos de José Luis Ulibarri, imputado en los casos Gürtel y Enredadera). En sus últimas cuentas anuales registradas queda reflejada su estructura de negocio, de unos 20 millones de euros. Es decir, que el 88% de todos los ingresos proceden directamente de la aportación de la Junta de Castilla y León. En el resto se incluyen otros servicios comerciales, campañas de comunicación públicas o ingresos como los que aportan Las Cortes de Castilla y León, de unos 300.000 euros anuales. Cualquier entidad que aportara regularmente esa proporción de ingresos directos a una sociedad pediría varios asientos en su consejo de administración.

¿Y qué sucede en la parte de los gastos? Pues las operaciones de trabajos realizados por Promecal, Edigrup y otras empresas participadas por los dos socios de RTVCyL más otros gastos de explotación ascendían en 2018 (año en el que sus cuentas presentaron pérdidas por valor de 415.000 euros) a más de 12 millones, el 75% de todos los gastos de la sociedad. A pesar de los mensajes que se envían desde el canal defendiendo que estas cadenas son de los castellanos y leoneses, lo cierto es que son de dos grupos empresariales que derivan un 75% de sus recursos hacia sus propios negocios.

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