Los trabajadores sociales de Justicia denuncian la gestión externa de informes en los juzgados de familia y menores

Reconocen que es un problema común a todo el territorio en el que no están transferidas las competencias de Justicia, el que depende del Ministerio de Justicia, aunque más acuciante en provincias como Burgos, Segovia, Ávila y Soria dentro de Castilla y León.

En el caso de Burgos, la Gerencia de Justicia utiliza esta fórmula con demasiada frecuencia para desatascar el creciente número de casos que requieren de estos informes, ha explicado a Efe Mónica Martínez, trabajadora social forense del Instituto de Medicina Legal de Burgos.

Martínez ha pedido la creación de más equipos de psicólogo y trabajador social y la supresión de la práctica de encargar informes al Colegio de Psicólogos, que se centran en una parte muy delimitada de lo que tienen que informar.

Ha considerado que un ejemplo son los casos de litigios por la custodia de menores en caso de divorcio, donde también influyen los condicionantes sociales de cada progenitor y que, en su opinión, los psicólogos no tienen en cuenta.

«El padre y la madre pueden ser igual de aptos para cuidar a su hijo desde el punto de vista psicológico, pero existen otros factores sociales que deben tenerse en cuenta por el bien del menor», ha explicado.

En su opinión, la externalización es más cara que la articulación de más equipos y supone un «agravio comparativo» porque a su juicio los informes que se emiten no son completos.

Dejan fuera cuestiones como el entorno familiar de cada progenitor, su situación económica y laboral e, incluso, sus actitudes sociales, ha precisado en este punto.

Por su parte, Rosa García, trabajadora social de la Fiscalía de Menores de Burgos, ha asegurado que se está perjudicando a las familias en las que la resolución judicial se apoya en un informe externo solo psicológico, porque esos informes son incompletos y pueden dar lugar a errores en las resoluciones.

El aumento de casos de separaciones y divorcios sin acuerdo, así como de demandas por violencia doméstica con víctimas menores, ha provocado el colapso de los juzgados ante la imposibilidad de acelerar la elaboración de informes psicosociales complejos en plazos breves.

Solo en Burgos se han registrado en lo que va de año 73 peticiones de informe de familia y hay 90 pendientes del pasado.

Sesenta informes periciales de este tipo se han derivado al Colegio Profesional de Psicología, sin intervención de un trabajador social, han denunciado.