Los trabajadores de Justicia exigen al Ministerio negociar la equiparación salarial

En este sentido, Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal en Burgos, que defiende los intereses de alrededor de 450 trabajadores, insiste en que su reivindicación «no es nueva». «Puede parecer que vamos a remolque» de otros colectivos, pero lo cierto es que «llevamos varios años» reclamando igualdad en el trato, ha asegurado. El punto diferencial es que, después de haber superado los momentos más complicados de la crisis, «ha llegado el momento» de sentarse con el Ministerio para negociar un asunto que no se ha terminado de abordar nunca y que supone un quebranto para los trabajadores de comunidades como Castilla y León.

No en vano, ha abundado Arroyo, las diferencias salariales se han «disparado» en algunos casos. Así, en territorios como el País Vasco, la diferencia salarial puede ascender hasta los «575 euros al mes» por hacer exáctamente el mismo trabajo. De hecho, ha recordado, a diferencia de lo que ocurre con las policías autonómicas, todos los trabajadores de la Administración de Justicia del país tienen el mismo sistema de ingreso.

Estas diferencias, además, se extienden a otros ámbitos laborales más allá de los salarios, como la regulación de comisiones de servicios o de sustituciones, cuestiones cuya homologación «en muchos casos no lleva aparejada ningún tipo de coste».

Vista la situación, los trabajadores de la Administración de Justicia han decidido plantarse y forzar una negociación con el Ministerio de Justicia. Para ello, el próximo 21 de marzo se ha convocado una gran manifestación a las puertas de la Audiencia Nacional en Madrid y a lo largo de las próximas semanas se irán sucediendo las movilizaciones. Y, advierten, la posibilidad de huelga «está sobre la mesa». «Mucho me temo que no nos van a dejar otro camino», sentencia Arroyo.