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El hipermercado Alcampo podría haber roto el contrato con Grupo Eme, la empresa por la que están contratados los empleados de seguridad y a los que se les debe la mitad de la nómina del mes de agosto.
«El proceso de movilización ha dado sus frutos», ha asegurado Javier Muriel, secretario provincial del Sindicato de Seguridad Privada de UGT. Aunque no completamente. Los trabajadores han conseguido cobrar un poco menos de la mitad de la nómina de agosto, y tarde, pero queda el resto y, además, cuentan con no cobrar a tiempo tampoco septiembre. Además, la otra de sus peticiones, la ruptura del contrato entre el hipermercado y la empresa de seguridad, todavía no se ha oficializado.
Así lo han pedido en la concentración llevada a cabo este jueves en la puerta del centro comercial, con presencia de numerosos afectados. Y es que a pesar de que les han dicho que el contrato estaría roto y que pasarían a otra empresa, se ha decidido continuar adelante con la protesta, que ha reunido unas cuarenta personas. «Nos han dicho que sí, pero no sabemos si está al 100% hecho, por eso nos manifestamos y nos movilizamos», ha explicado Muriel.
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En teoría, y según ha comentado Muriel, a partir del 1 de octubre, la empresa Ilunion Seguridad pasará a hacerse cargo de los trabajadores. Por lo que considera que «hay visos de solución del conflicto». A pesar de las sensaciones positivas la lucha seguirá para percibir los honorarios pendientes. «Nosotros estamos recomendando a los trabajadores que a partir del mes que viene si no han cobrado habrá que denunciar a las tres partes: Grupo Eme, Alcampo e Ilunion Seguridad; alguien se tiene que hacer responsable de esa deuda», ha sentenciado.
Se desacarta hacer más movilizaciones y se llevará todo por la vía legal, ha explicado. «Ante la inspección de trabajo ya denunciamos y tendrá que actuar contra Eme Seguridad por impagos. Después el proceso indivuual de cada uno de los trabajadores será independiente, pero la deuda habrá que reclamarla en los juzgados».
Además, en la mañana de este jueves ha habido una movilización previa a la de la capital, en Aranda de Duero en la que se han concentrado unas 15 personas. Y es que en toda la provincia estos impagos han afectado a un total de 30 trabajadores.
La visión de los propios trabajadores es bien distinta de la de Muriel. Ellos no ven que la solución sea «tan clara». Los vigilantes defienden que todavía no se les ha notificado la ruptura de contrato de forma oficial. Y, aunque fuera cierta, aún no está claro quién les pagaría el dinero que se les adeuda. Además, se muestran preocupados porque, en el mejor de los casos, estarían dos meses y medio sin cobrar.
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