Tirón de orejas del Procurador del Común a la Junta por el precio del aparcamiento en el HUBU

Los hospitales, habida cuenta de su condición de centros de acceso a un derecho fundamental como la salud, no deberían tener «barreras económicas que afecten a pacientes, familiares y personal sanitario». Esa es la principal conclusión que se extrae de un requerimiento formulado por la oficina del Procurador del Común hacia la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a raíz de la presentación de una reclamación ciudadana por el excesivo precio del aparcamiento del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Dicha queja se formuló inicialmente a través de los cauces establecidos por la propia Junta. Sin embargo, la respuesta de la administración no satisfizo al denunciante, que posteriormente trasladó el asunto al Procurador del Común, insistiendo en que los precios del aparcamiento están muy por encima de lo debido teniendo en cuenta que el HUBU ofrece un servicio público esencial.

Y el Procurador del Común se ha adherido a ese planteamiento, afeando a la Junta el mantenimiento de las actuales tarifas en el aparcamiento del hospital burgalés, las cuales han sido objeto de polémica desde la apertura del centro hospitalario.

En este sentido, argumentan, se cruzan dos derechos fundamentales, como son el derecho al acceso a los servicios sanitarios y el derecho a la igualdad y no discriminación por razones económicas.

A partir de ahí, y a pesar de reconocer que la «intervención directa» por parte de las administraciones a menudo es complicada en aparcamientos gestionados por operadores privados, como es el caso del HUBU, el Procurador del Común entiende que hay margen de maniobra para frenar la «falta de competencia» que se registra en este tipo de casos.

Así, el requerimiento recomienda establecer una regulación de precios de carácter municipal o autonómico para aparcamientos en zonas hospitalarias basados en el interés público o la creación de bonificaciones y exenciones para pacientes frecuentes, personas con movilidad reducida o familias de bajos ingresos.

Para ello, el Procurador del Común plantea la conveniencia de renegociar contratos de concesión, incluir cláusulas concretas en las futuras licitaciones o establecer bonificaciones fiscales a las concesionarias a cambio de reducciones de tarifas. Y todo ello, añade, unido a la construcción de aparcamientos públicos en los entornos más cercanos a los hospitales.

En todo caso, la resolución del Procurador del Común insiste en que «reducir los costos de aparcamientos en zonas hospitalarias es viable jurídicamente mediante una combinación de regulación de precios, promoción de alternativas públicas y sostenibles y bonificaciones específicas para colectivos vulnerables». Eso sí, para ello, concluye, «es necesario el compromiso de las administraciones públicas y el ajuste normativo para priorizar el interés social sobre los intereses comerciales».

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