La UBU se sitúa como una de las universidades que peor paga a sus trabajadores

En términos de sueldo neto, esta diferencia se traduce en unos 3.700 euros anuales menos por trabajador respecto a la media, una circunstancia que se arrastra desde hace ya varios años, puesto que las mejoras puntuales abordadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se han realizado a costa de ahorros por jubilación y con la incorporación de jóvenes en las escalas inferiores del ámbito del Profesor Docente Investigador (PDI).

A juicio del sindicato CCOO, ésta es una de las principales consecuencias de la falta de financiación que sufre, no solo la Unviersidad de Burgos, sino el conjunto de las universidades de Castilla y León y España en general. Y es que, según el mismo informe de la Fundación CYD, la inversión en universidades en España está muy lejos de la media de la Unión Europea (un 0,96% del PIB respecto al 1,27% de la media comunitaria).

El problema es que, dentro del conjunto del territorio nacional, el caso de la UBU es más complejo aún. No en vano, la inversión de la Junta de Castilla y León, principal vía de financiación de la institución académica, está por debajo de la registrada en las otras tres universidades públicas de la comunidad (Valladolid, Salamanca y León). Así, las transferencias corrientes de la administración autonómica se sitúan este año en los 5.149 euros por alumno, es decir, casi 240 euros por alumno menos que la media regional, una situación que se traslada también al capítulo de transferencias corrientes (389 euros frente a una media de 467).

Vista la situación, desde la sección de educación de CCOO se considera imprescindible dar una vuelta de tuerca al sistema de financiación de la unviersidad. En este sentido, Jesús Moradillo, secretario general de CCOO Enseñanza en Burgos, y Orlando Ganado, secretario de la UBU, han cifrado en, al menos, 1,7 millones de euros, el déficit de financiación que arrastra la institución académica burgalesa para cubrir los gastos de personal.

En este sentido, han abundado, la Junta ha de implementar la financiación hasta cubrir el 100% de los gastos de funcionamiento mínimo (personal y gastos corrientes), en vez del 80% actual. A su juicio, ese incremento permitiría mejorar sensiblemente la RPT, las condiciones laborales del personal, extender el reconocimiento de los complementos de productividad y, en definitiva, mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación de una institución que ahora mismo cuenta con una plantilla de unas 1.300 personas.