El sector del taxi en Burgos, a la espera de una regulación clara sobre las VTC

Y es que, ahora mismo hay 39 autorizaciones para VTC en la provincia, según los datos de la Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León, que es la administración que gestiona las licencias por delegación del Ministerio. La diferencia en este caso es que las 14 empresas que se reparten las autorizaciones en la provincia se dedican a servicios muy concretos, y no al transporte de viajeros que Uber y Cabify llevan a cabo en otros puntos de la geografía nacional.

En este sentido, Sabiniano Cartón, presidente de la Asociación Burgalesa de Taxistas (Abutaxi), explica que dichas empresas centran su negocio en el desplazamiento de directivos de empresa, participantes en congresos y eventos muy específicos de este tipo.

Sin embargo, y a pesar de que dichos servicios no suponen una gran competencia al taxi tradicional, el propio Cartón insiste en que ese volumen de licencias incumple el ratio de una VTC por cada 30 taxis aporbada años atrás. No en vano, recuerda, en la capital hay ahora mismo 186 licencias de taxi, mientras que hay «alrededor de una docena» de licencias VTC, que aprovecharon «el vacío legal» instalado entre 2009 y 2015 para implantarse.

De momento, explica, la presencia de esas licencias «no está haciendo daño» al sector del taxi en Burgos, como sí lo está haciendo en las grandes ciudades. «Uber y Cabify no han llegado porque aquí no tienen mercado. Es una ciudad pequeña y los trayectos también lo son, por lo que no es rentable para ellos».

Pero eso no significa que ambas empresas (u otras) lleguen en un futuro a la provincia, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos años. A juicio de Cartón, su llegada supondría un duro golpe para un sector que ha sufrido, como tantos otros, la crisis. «Parece que por fin estamos levantándonos de la crisis. Tardamos dos años más que el resto de sectores en notarla, pero ahora nos está costando más salir de ella», asegura el portavoz de Abutaxi al tiempo que reconoce que en el primer semestre del año se han incrementado un 12% los servicios.

El problema, a su juicio, radica en la aplicación de una normativa diferente para los taxis y las VTC, lo que deriva en una suerte de competencia desleal. «Los taxistas tenemos unas tarifas reguladas y una serie de normas de obligado cumplimiento. Ellos no». De hecho, insiste, «cuando hay mucha demanda suben los precios», algo taxativamente prohibido en el sector del taxi, controlado por una regulación estatal desarrollada por cada ayuntamiento.

Por todo ello, Cartón insiste en que «el Gobierno debe tomar medidas concretas» para permitir la «convivencia» del taxi tradicional y de los nuevos servicios de transporte de viajeros. Sino, advierte, «acabará pasando como en Estados Unidos, que se han cargado el sector y ahora hacen lo que les da la gana».