La restricción de la movilidad será 'quirúrgica' y con autorización judicial tras el estado de alarma

El decano de la Facultad de Derecho de la UBU y catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Bello, asegura que «falta una regulación jurídica suficiente» para afrontar el nuevo escenario que se abre el 9 de mayo. El estado de alarma es «un paraguas muy grande» bajo el que caben medidas restrictivas sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, que sin esta medida extraordinaria ya no se puedan aplicar de manera automática. Ahora, las restricciones deberán estar justificadas, motivadas y ratificadas por una autoridad judicial.

Así, el 9 de mayo quedará levantado el toque de queda. «No hay título jurídico habilitante que permita a la Junta restringir la salida a la calle de los ciudadanos, que podrán salir con total libertad durante todas las franjas horarias». Cabe recordar que fueron precisamente las comunidades autónomas las que forzaron, en octubre, el estado de alarma para imponer el toque de queda. Sin el mismo, no se puede restringir la movilidad por horas.

Sin embargo, las autonomías sí que pueden limitar los desplazamientos de los ciudadanos, pero solo en situaciones muy concretas y ratificadas por la autoridad judicial. Ahora, con el estado de alarma, la Junta mantiene el cierre perimetral de la región, puede imponer un cierre por provincias e incluso por municipios. Cuando se levante el estado de alarma solo podrá confinar a la gente en un territorio, impedir la comunicación entre zonas si los casos están justificados y motivados. Tienen que ser medidas proporcionadas y solo durante el tiempo estrictamente necesario, recuerda Bello.

Para que se hagan una idea, volveremos a la situación vivida el pasado verano en La Ribera, donde Aranda de Duero o Sotillo sufrieron sendos confinamientos, que exigieron de autorización judicial. «Todas las decisiones de la Junta -en términos de derechos fundamentales- van a tener que pasar por el tamiz del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», apunta el catedrático. Y no se nos olvida que, precisamente en las restricciones de La Ribera, la Junta tuvo problemas con el juez, que exigía mayor motivación ante medidas que limitan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo mismo pasará con decisiones que afecten al derecho de reunión de los ciudadanos, que se podrá limitar pero de manera proporcional al riesgo pandémico y solo por el tiempo que sea estrictamente necesario. Es decir, que la Junta va a tener que ser muy «quirúrgica» en sus decisiones. Por ese motivo, Santiago Bello espera que presente un nuevo acuerdo que sirva para establecer el marco normativo en el que nos vamos a mover a partir del 9 de mayo. Será un acto administrativo, amparado en las leyes sanitarias regionales, con medidas, restricciones y protocolos.

El decano de Derecho asegura que las autonomías tienen herramientas para afrontar la era post estado de alarma, pues con su propia normativa se pueden seguir aplicando restricciones de aforo o de horarios y apertura de establecimientos (como las medidas extraordinarias que se aplican ahora a los municipios que superan los 150 casos por 100.000 habitantes). Sin embargo, Santiago Bello reconoce que se ha «fracasado», tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, para desarrollar una regulación que diese soporte normativo a las medidas anticovid.

Las autonomías le exigen al Gobierno central herramientas para afrontar la pandemia a partir del 9 de mayo, pero ellas tampoco han hecho su trabajo. Bello recuerda que, frente a la covid-19, se ha trabajo con un combinado de normas jurídicas y actuaciones políticas. Por un lado, se ha contado con el estado de alarma, que algo excepcional, pero «muy cómodo» para las regiones. Por otro, con medidas sanitarias derivadas de las leyes estatales y autonómicas. «Hay un paquete normativo que es útil, pero que se ha desarrollado poco», apunta el decano.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha desarrollado, durante este año de pandemia, la Ley Orgánica Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es «la herramienta clave porque permite regular derechos fundamentales». A juicio de Santiago Bello, la situación política y la falta de mayoría del Gobierno central es la que ha impedido abordar una necesaria modificación de la ley, que «debería haber sido el instrumento jurídico más potente para regular la pandemia de la covid-19. No lo ha sido, ha sido un error político y legislativo», comenta.

Y en el mismo error han caído las autonomías. Castilla y León también tiene dos leyes de ámbito sanitario, que tampoco se han desarrollado, así que un año después seguimos sin instrumentos jurídicos y normativos. «Lo primero que se tendría que haber hecho es tener un sistema jurídico que dé soporte y seguridad jurídica» a las medidas, para no vivir situaciones de incertidumbre y convivir con normas que son hasta contradictorias. También que sea predecible, que no obligue a los ciudadanos a estar mirando el boletín oficial todas las mañanas, comenta Bello.

Sin embargo, «las comunidades estaban muy cómodas con el estado de alarma, les daba una seguridad jurídica enorme porque todo lo cubre». Ahora, toca ser prudentes y pasar por el TSJCyL cuando se pretendan restringir derechos fundamentales. Y lo que vimos en Aranda el pasado verano se puede volver a producir, reconoce el decano de Derecho, quien confía en que el avance de la vacunación minimice el impacto de la falta de seguridad jurídica. Con más vacunas, se reduce la incidencia y, por tanto, lo que disminuye la necesidad de poner medidas muy restrictivas.

«Lo que nos va a librar son las vacunas. Si no fuese así, con la situación jurídica que tenemos, podría ser un galimatías», asegura Bello, quien lamenta que esté produciéndose una limitación «masiva» de derechos fundamentales, no siempre justificada. La covid-19 ha servido de justificación, afirma, para que los gobiernos se salten el estado de derecho. «Eso se podía entender el año pasado, pero no ahora», cuando debería de haberse creado ya el marco jurídico en el que encajar la normativa anticovid.

También lamenta que no se haya dado participación a la sociedad, que ha recibido las restricciones como imposiciones, «a golpe de decreto». Santiago Bello asegura que «ha faltado participación, democracia y transparencia», lo que precisamente no ayuda a cumplir las normas. «Nos están cayendo normas juriciales del cielo como las lluvias y si no se cumplen, sanción», lamenta. Y, luego, algunos políticos apuestan por la política del miedo. «No podemos caer en la fobocracia, en el poder del miedo», asevera, en el 'si no hacemos esto, nos morimos', cuando está en juego no solo la salud de la gente sino su economía, su salud mental, su vida.